Este martes, se conocerá la sentencia sobre el acusado por abandono de persona al no haber dado atención a Blas en agosto de 2020.
CÓRDOBA17/10/2023
Pérez Natalia
Este martes, la Justicia de Córdoba dará a conocer la sentencia contra el empleado de la clínica Aconcagua que se negó a atender a Blas Correas, el adolescente asesinado por policías en agosto de 2020.
Se trata de Fernando Casalino, que aquella madrugada impidió que el adolescente de 17 años, herido por el balazo de la policía en un control vehicular, ingresara al centro de salud para ser atendido por el tiro que recibió en la espalda.
El empleado de la clínica Aconcagua acordó declararse culpable en un juicio abreviado en la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba. Se espera que en la audiencia de este martes se reaiice la audiencia, en la que se le fije una pena que sería de dos años y seis meses de prisión por abandono de persona. En la ocasión, Casalino confesará los cargos, se mostrará arrepentido y le pediría perdón a la familia de Blas Correas, según trascendió.
Cabe recordar que por el crimen del joven ya hay 11 efectivos de la Policía de Córdoba condenados. Javier Alarcón (33) y Lucas Gómez (38) fueron condenados en marzo de este año en un juicio por jurados como coautores del delito de homicidio calificado. Gómez fue señalado como el autor del disparo fatal y a ambos también les atribuyeron la tentativa de homicidio calificado de los cuatro amigos que iban con Blas, que en el momento del crimen tenían entre 13 y 22 años.
Además, otros policías fueron condenados por encubrimiento y delitos conexos, con penas que van de un año hasta 5 años y 4 meses de prisión. Entre otras acciones, se los acusó por plantar un arma trucha en la escena del crimen y por otras maniobras de encubrimiento. En tanto, otros dos policías resultaron absueltos.
Por su parte, el mes pasado sobreseyeron a dos empleadas de la clínica Acongarua acusadas por omisión de auxilio, quienes debieron pagar una multa.
En el juicio contra los policías, la Justicia además pidió que se investigue a funcionarios policiales y ex funcionarios políticos para determinar si cometieron delitos en torno a este caso que calificaron de "violencia institucional".
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