
Condenan a una banda narco que vendía cocaína en la región
Comandada desde la prisión
La decisión fue tomada por la Fiscalía de Instrucción de 27º Nominación, perteneciente a la Unidad de Investigación de Casos Complejos.
POLICIALES - JUDICIALES 07/11/2022La Fiscalía de Instrucción de 27º Nominación, perteneciente a la Unidad de Investigación de Casos Complejos, requirió la elevación a juicio de la causa que investiga hechos de asociación ilícita y estafas que eran perpetradas a través de llamados telefónicos efectuados por internos desde el establecimiento carcelario de Bouwer.
Según la investigación, quienes llevaban adelante estos llamados simulaban ser personal de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).
"De esta manera inducían al error a los interlocutores, haciéndoles creer que el organismo les abonaría una suma dineraria en concepto de reparación histórica y que para ello debían concurrir a un cajero automático y seguir los pasos que le indicaban", repasó el Ministerio Público Fiscal (MPF).
Lo que hacían en realidad era conducir a las víctimas a gestionar préstamos en sus cuentas bancarias desde donde luego se transfería el dinero a las cuentas que eran puestas a disposición por otros colaboradores de los internos, desde el exterior del establecimiento penitenciario.
En la causa hay 26 imputados, tres de los cuales se encuentran privados de la libertad con prisión preventiva firme.
Mientras tanto, se ha ordenado conformar actuaciones por separado para continuar la investigación de otros múltiples hechos delictivos que habrían sido perpetrados por la banda también, según el material obtenido a partir de las intervenciones telefónicas ordenadas.
Comandada desde la prisión
Mientras las defensas sostuvieron que se trató de una falsa denuncia, el padre de la víctima criticó que las familias de los acusados no aportaron las pruebas que aseguraron tener para demostrar la inocencia de los imputados.
El jurado popular exculpó a los imputados, en el juicio que se desarrolló en Río Cuarto. El exdirector del hospital de Huinca Renancó y una asistente social resultaron absueltos.
En el proceso están imputados un médico y una asistente social, ambos ex integrantes del COE. En caso de haber condena, se podría aplicar el concepto de violencia institucional, lo que podría dar lugar a un nuevo juicio contra autoridades.
A pesar de que se trata de un gran paso, por el momento se desconoce cuándo se concretaría la resolución del futuro de la causa. El tribunal que estará a cargo de debatir si el asesinato de Dalmasso prescribe o no, ya fue determinado.
La funcionaria Celina Laje Anaya denunció a Abel Sánchez Torres. Entre los posibles delitos, se menciona abuso de autoridad, falsedad ideológica y coacción. La causa es por evasión agravada contra la cerealiera Bunge.
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