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El proyecto incluye que los funcionarios involcrados reembolsen económicamente de forma solidaria lo percibido hasta el momento.
LOCALES04/10/2022Desde la banca de la UCR en el Concejo Deliberante buscan prohibir la designación de familiares en cargos en los poderes municipales, así como tambien en empresase empresas del Estado Municipal. La proyecto contempla Parientes propios en razón de la naturaleza (consanguíneos) en línea recta (ascendiente o descendiente) en cualquier grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o por adopción; su cónyuge; parientes por afinidad en igual medida y grado que respecto a familiares propios por consanguinidad; su pareja conviviente con la que mantuviera una unión convivencial; parientes por consanguinidad de la pareja conviviente con quien mantuviera una unión convivencial en igual grado que en relación a los propios.
El proyecto busca evitar, que los familiares de los funcionarios, a través de pequeños contratos, estipulados en la contratación directa, se vean beneficiados por la injerencia del mismo, y así beneficiarse personal o familiarmente con los fondos públicos.
De esta manera, lo que se pretende, es dar transparencia y reglas claras para todos los vecinos de la ciudad, quienes podrán saber que el empleo público no se convertirá en un botín de familias, o caja política, así como la transparencia en las contrataciones, para así evitar esta corrupción moral.
En proyecto, similar al presentado por la conceal Cecilia Roffé en julio, propone en su tercer artículo que las designaciones efectuadas en violación de la presente ordenanzas serán nulas de nulidad absoluta. Los funcionarios involucrados deberían reembolsar económicamente en forma solidaria con el beneficiario del nombramiento o contratación realizada todo cuanto hubiere percibido el pariente irregularmente designado a título de remuneración o prestación, ajustado conforme al índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) desde la fecha en que se hubieren verificado cada uno de los pagos o erogaciones.
Además el funcionario abonaría una multa adicional equivalente al 50% del importe a reembolsar y quedará inhabilitado para el ejercicio de la funciónpública por un término de 4 años.
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