El Gobierno de Córdoba presentó un proyecto para habilitar la demolición de búnkeres utilizados para la venta de drogas. La iniciativa se inscribe en una estrategia que busca fortalecer la lucha contra el narcotráfico y recuperar inmuebles vinculados a esta actividad ilícita. Pero, además del impacto simbólico de estas medidas, el debate también plantea interrogantes sobre su eficacia a largo plazo.
Cada vez que se anuncia la demolición de un búnker de drogas, la medida suele presentarse como un avance en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, surge una pregunta inevitable: ¿qué cambia realmente cuando se derriba un punto de venta si poco tiempo después aparecen otros?
Especialistas en criminología y políticas públicas señalan que los búnkeres son apenas la expresión visible de una estructura mucho más compleja. Demoler un inmueble puede interrumpir temporalmente una actividad ilegal y recuperar un espacio para la comunidad, pero mientras sigan existiendo las organizaciones que controlan el negocio, la demanda de consumo y las condiciones que permiten su crecimiento, el problema tiende a trasladarse en lugar de desaparecer.
El debate también abre otro interrogante: si el objetivo es combatir al narcotráfico, ¿por qué las respuestas más espectaculares suelen concentrarse en los barrios populares? En los últimos años, distintas investigaciones judiciales encontraron vínculos con actividades narco en sectores de alto poder adquisitivo, incluso en urbanizaciones cerradas y countrys. Sin embargo, nadie imagina una topadora derribando una mansión dentro de un barrio privado.
La discusión de fondo, entonces, no pasa solamente por tirar abajo un búnker, sino por preguntarse si las políticas públicas están logrando desarticular las redes que sostienen el narcotráfico o si terminan actuando principalmente sobre sus manifestaciones más visibles. Porque el narcotráfico no vive en las paredes de un búnker: vive en una estructura económica, social y criminal mucho más amplia.
