Durante la vigésima cuarta sesión ordinaria la Legislatura aprobó, con los votos de la mayoría, la ley que establece y regula la Administración Financiera y Control del Sector Público No Financiero de la Provincia. Oscar González, presidente provisorio del Poder Legislativo, estuvo al frente de la sesión.

El proyecto fue elevado por el Ejecutivo provincial y llegó al recinto con un despacho en minoría y otro por la mayoría, siendo este último el que tuvo tratamiento sobre tablas.

 Para dar inicio al debate, el legislador Leonardo Limia explicó que la propuesta deroga artículos de las leyes números 5901, 7631 y 9086, a la vez que modifica artículos de las leyes 10155 y 10580, con el objeto de proponer una legislación que “regule todo lo referente a la legalidad, a la economía, la eficacia y a la eficiencia de los procesos de coordinación entre la obtención de los recursos y su aplicación” en la Administración del Estado provincial.

En su calidad de miembro informante y para explicar los alcances del proyecto, el legislador comenzó por distinguir las divisiones del sector público según su rol en la economía: el Sector Público Financiero, conformado por el sistema bancario oficial e instituciones financieras, y por otro lado, el Sector Público No Financiero, integrador por la Administración General Centralizada y la Administración Descentralizada. “Es en este último en el cual se centra el alcance de esta ley y por ende el ámbito de aplicación de la misma”, explicó.

Luego de exponer de forma detallada aspectos que hacen a las modificaciones y derogaciones elevadas en el despacho, Limia afirmó que el proyecto aporta “un claro espíritu de evolución y modernización de la gestión pública”. Lo calificó como “superador, más armonioso y claro, que contempla todos los aspectos de la administración provincial, brindando un marco regulatorio preciso, concreto y abarcativo, contemplando los avances en materia de tecnología y brindando una mirada holística de la administración gubernamental, lo cual la torna una herramienta eficaz para nuestra provincia”.

También se incluyó como parte de los fundamentos la adhesión de la Provincia de Córdoba al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, así como a la Ley Nacional 9401 de Firma Electrónica, que hacen “a la transparencia de las administraciones gubernamentales”.

A su turno, la legisladora Victoria Busso destacó que, desde su ingreso en la Legislatura a mediados de junio de este año, el tratamiento de esta iniciativa contó con un trabajo exhaustivo en el ámbito del trabajo en comisiones, totalizándose siete reuniones parlamentarias hasta llegar al correspondiente despacho.

Con la abstención del bloque Identidad Peronista y el voto negativo de Juntos UCR, Juntos por el Cambio, Coalición Cívica ARI, Encuentro Vecinal, MST – Nueva Izquierda e Izquierda Socialista – FIT Unidad, el proyecto finalmente alcanzó la aprobación en general y en particular.