Se trata de una iniciativa, iniciada en 2020, que prohíbe ejercer cargos electivos o ser funcionario público provincial a quienes hayan sido condenados en segunda instancia.
El proyecto estaba incorporado en el Presupuesto, pero fue eliminado por pedido de los bloques opositores. Llaryora plantea que la lucha contra el narcotráfico requiere un "cambio de paradigma" en materia de seguridad.
Obliga a la capacitación sobre derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todos los niveles de la función pública en los tres poderes del Estado.