La palabra que unificará el primer mes de gobierno del Frente de Todos es “emergencia”. No sólo porque la oficialización de ese estado de situación en al menos 9 áreas de la administración nacional fue la razón de fondo del primer megaproyecto de ley que debatió y aprobó el Congreso de la Nación sino porque ese gesto fue imitado por un importante número de administraciones provinciales y locales a lo largo del país.

Sólo en la provincia de Córdoba son más de 20 los municipios que decretaron la emergencia económica. En la mayoría de los casos, esa realidad que tiene un anclaje concreto en el aparato institucional está acompañado por profundas crisis sociales que deben ser atendidas por los municipios con carácter de urgencia.

En su mayoría se trata de localidades que han tenido cambios en el color político que ha tomado las riendas del Estado tras las últimas elecciones. También en la mayoría de los ejemplos que se enumeran, se trata de administraciones peronistas que aseguran haberse encontrado con realidades financieras demasiado complicadas. Allí están Río Ceballos, Monte Maíz, Villa General Belgrano, Devoto, Ucacha, Villa La Bolsa, Potrero de Garay y, la más emblemática, Córdoba Capital.

Más allá de advertir que la mayor parte de las localidades declaran la emergencia amparándose en las realidades que encuentran las administraciones entrantes, es necesario señalar que también se contabilizan casos en que dicha medida estaba declarada anteriormente y que, las actuales administraciones, sólo optaron por prorrogar esa estado de excepcionalidad. Cruz del Eje, Capilla del Monte, Las Varillas y Río Tercero son los lugares en los que esa situación se proyectará a lo largo de todo el 2020.

Fuente; La Nueva Mañana