Pérez Natalia
Por primera vez en Villa María un niño hijo de una víctima de femicidio cobró la reparación que prevé la Ley Brisa, sancionada en julio de 2018. Desde diciembre del año pasado la Defensoría Pública ante la Justicia Federal trabaja a nivel local en cuatro casos, gestionando el régimen de reparación económica para hijos de víctimas fatales de violencia de género.
Su titular, Luz Felipe, contó a El Diario que el miércoles conoció la resolución favorable para uno de esos cuatro, aunque esperan que en las próximas semanas los tres restantes también se resuelvan de forma favorable: “Los primeros trámites los iniciamos nosotros. Fue bastante arduo armar el expediente en ANSES porque era algo nuevo”, expresó.
El expediente se remitió a la SENAF para que constate los requisitos, para luego volver a ANSES: “Ahí se hizo el depósito retroactivo, el 31 de julio, por uno de los niños”. Tras este retroactivo, los primeros días de septiembre comenzará a cobrar el beneficio de forma normal y regular.
Por ley, el beneficio equivale a un haber jubilatorio mínimo e incluye una cobertura integral de salud hasta los 21 años de edad.
Los cuatro casos que lleva adelante la Defensoría son dos pares de hermanos de dos mamás víctimas de femicidios. El hermano del niño que sí cobró ya tiene dictamen favorable y se espera que pronto se regularice su situación: “Hemos presentado Pronto Despacho y venimos haciendo un seguimiento bastante de cerca para evitar demoras. Esperábamos estas resoluciones favorables”, manifestó Felipe.
Los nombres de los involucrados no se darán a conocer para preservar la intimidad de los menores.
Según explicó Felipe, al menor le liquidaron un retroactivo desde julio de 2018, cuando se promulgó la Ley: “La idea de la Defensoría, respetando a cada representante legal de los menores, es litigar por la diferencia porque la Ley dice que el beneficio es retroactivo a la fecha del hecho y el decreto reglamentario dice que es retroactivo a la fecha de promulgación. Hay muchos años en algunos casos para cobrar”.
Desde la Defensoría plantearán la inconstitucionalidad del decreto reglamentario, porque va en contra de la jerarquía de las normas: “No puede reglamentar una situación contrariando absolutamente la letra clara de la ley nacional. Esto lo vamos a continuar judicialmente porque sí o sí se tiene que declarar la inconstitucionalidad parcial de ese decreto”.
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