El derribo de dos búnkers de venta de estupefacientes en la ciudad de Frontera, ejecutado por el Gobierno de Santa Fe bajo la Ley de Microtráfico, volvió a encender la polémica en la franja limítrofe con San Francisco. Pese al despliegue oficial encabezado por funcionarios provinciales, vecinos del sector manifestaron su escepticismo ante una medida que califican de insuficiente frente al avance de la delincuencia y la comercialización de sustancias en las calles.
Desde el Ejecutivo santafesino remarcaron que con esta intervención en calle 102 al 700 ya sumaron 14 los inmuebles inactivados en el departamento Castellanos, vinculando los procedimientos a una caída del 85% en los índices de homicidios en la localidad. Sin embargo, en el territorio la percepción es sumamente crítica: quienes conviven a diario con la problemática sostienen que la destrucción física de las paredes solo desplaza el punto de venta a casas linderas o a pocas cuadras de distancia, dejando desprotegidos a los frentes barriales.
Criminólogos y analistas de políticas de seguridad coinciden en que la estrategia de demolición ataca la manifestación más expuesta del fenómeno, pero no alcanza a desarmar la economía delictiva. Al persistir el flujo de abastecimiento, la demanda de consumo y el poder económico de las bandas que operan en la región, la erradicación de una construcción precaria se convierte en una respuesta de impacto visual que no resuelve la inseguridad estructural.
A esta situación se suma el histórico reclamo por la selectividad en los procedimientos estatales. Mientas las topadoras avanzan en sectores vulnerables de la periferia, las investigaciones judiciales confirman que los dividendos económicos del narcotráfico se canalizan en circuitos financieros e inmobiliarios de mayor escala. Para los vecinos que continúan exigiendo presencia policial efectiva, patrullajes y respuestas integrales, el derribo de búnkers sigue resultando una medida cosmética mientras la violencia de fondo condiciona la vida cotidiana.
