Docentes universitarios inician un paro de 72 horas por salarios dignos

Los docentes de las universidades nacionales de todo el país inician este miércoles 30 de septiembre un paro nacional de 72 horas que paralizará las actividades académicas hasta el viernes 2 de octubre inclusive. La medida de fuerza, definida por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y CONADU Histórica, se da en el marco de la profundización del conflicto con el Gobierno Nacional por el deterioro del poder adquisitivo, la falta de respuesta a las paritarias y la exigencia del pleno cumplimiento de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario.

El reclamo central del Frente Sindical Universitario Nacional apunta a la falta de efectivización de la ley aprobada por el Congreso y al incumplimiento de la medida cautelar dispuesta por la Justicia que ordena la actualización salarial del sector. Las organizaciones docentes rechazaron de manera categórica la Resolución 693/2026 de la Secretaría de Educación de la Nación, la cual dispuso de forma unilateral un incremento del 3% a cuenta de futuros aumentos sobre los básicos vigentes al 31 de agosto. Según advirtieron las dirigencias gremiales, este porcentaje resulta totalmente insuficiente para frenar la pérdida salarial acumulada a lo largo del año.

La medida de fuerza de tres días funcionará como la antesala de la quinta Marcha Federal Universitaria, programada para el próximo 15 de octubre. De cara a esa gran movilización, las federaciones universitarias ya confirmaron que sumarán el respaldo masivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), consolidando un frente de protesta unificado contra el ajuste presupuestario en la educación superior.

En paralelo a las medidas de fuerza, la representación sindical acordó intensificar las rondas de negociación y reuniones estratégicas con legisladores nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y gobernadores de distintas provincias. El objetivo de estas gestiones políticas es incidir directamente en el debate del Presupuesto 2027 que se desarrollará en el Congreso, exigiendo que se garanticen las partidas necesarias para el funcionamiento operativo de los establecimientos y para la recomposición de los haberes de los trabajadores docentes y nodocentes de todo el país.