La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo fija partidas con aumentos equivalentes a la pauta inflacionaria del 18% para el sector científico, mientras que prevé reducciones nominales para el INTA y el INTI. En el ámbito universitario, la partida de 7,34 billones de pesos queda distante de los 11 billones solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional.
El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 consolida la pauta de ajuste sobre las partidas destinadas al sistema de ciencia, tecnología y educación superior. Organismos como el CONICET, la CONAE, la CNEA y la Agencia I+D+i recibirán fondos proyectados con base en la expectativa de inflación del 18% anual. De no cumplirse dicha previsión, las entidades volverán a registrar una pérdida en términos reales sobre un nivel de ingresos que ya acumula una caída del 35% desde diciembre de 2023.
La situación resulta más crítica para los institutos de innovación tecnológica. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) proyecta una reducción nominal del 12,4% en sus partidas, sobre un recorte real acumulado que supera el 43%. Por su parte, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) registrará una baja nominal del 5,2%, en un contexto donde la retracción acumulada de sus recursos roza el 49%.
En el área educativa, el texto asigna 7,34 billones de pesos a las casas de altos estudios, cifra inferior a los más de 11 billones reclamados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para garantizar el funcionamiento y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Asimismo, el Capítulo II de la propuesta establece que las universidades deberán rendir cuenta detallada de sus gastos ante el Ministerio de Capital Humano, facultando al Poder Ejecutivo a suspender las transferencias en caso de incumplimiento. Los rectores advirtieron que dicha cláusula vulnera la autonomía universitaria y anticiparon un escenario de creciente conflictividad en el sector.
