Alrededor de 100 niños y niñas se beneficiaran en Córdoba con la Ley Brisa

Según un informe realizado por el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del TSJ, entre 2012 y 2017 hubo 94 femicidios y 93 chicos quedaron huérfanos. A ese dato se suman los femicidios ocurridos en lo que va de 2018. En el país, 3.378 niños perdieron a sus madres en la última década; de ellos 2.161 son menores de 18 años.

En la investigación dada a conocer por el CEPJ, entre 2013 y 2017, se registraron 94 femicidios, cuyas víctimas fueron mujeres adolescentes, adultas, niñas, una trans y un hombre, perpetrados por hombres por razones asociadas a su género. Asimismo, en dicho periodo quedaron 93 hijos e hijas huérfanos. En el 86 por ciento de los femicidios ocurridos en ese lapso existía una relación de pareja entre víctima y victimario. En el 65 por ciento de los casos, la víctima convivía con el femicida. En el 26 por ciento de las causas, el imputado por femicidio se suicidó. Este último dato se fortalece con informes realizados por otras agrupaciones feministas, como ser Mumalá, desde donde indican que los femicidios seguidos de suicidio, ascienden al 40 por ciento en el total de los casos. Los números, que no incluyen los nueve femicidios registrados en Córdoba en lo que va del 2018, trazan un mapa del horror.

“Ley Brisa” es el nombre con el que el miércoles pasado la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley la reparación a hijos e hijas de madres víctimas de femicidios. Con 203 votos a favor, por unanimidad, sin votos en contra, ni abstenciones, quedó sancionada la norma que reconoce a las “víctimas colaterales” de la violencia de género en Argentina: niñas, niños y adolescentes menores de 21 años con sus madres asesinadas y sus padres prófugos, presos o muertos por suicidio.

Entre los puntos más importantes que contempla la ley nacional, figuran un haber jubilatorio mínimo mensual con sus incrementos móviles para hijos e hijas de víctimas de femicidio, y una cobertura integral de salud. La reparación económica está destinada a personas menores de 21 años o con discapacidad, y es retroactiva al momento de la comisión del crimen. Por otro lado, se extingue cuando las “víctimas colaterales” cumplen los 21 años y es compatible con la Asignación Universal por Hijo, el régimen de Asignaciones Familiares y otras prestaciones sociales de las cuales sean destinatarios..