El Gobierno de la Provincia anunció que implementará un nuevo protocolo que obliga a quienes generen falsas amenazas de tiroteos en escuelas a afrontar los costos de los operativos de seguridad que dichas situaciones demanden.
Según se explicó, la medida formalizada por el Ministerio de Seguridad permitirá recuperar los costos de los despliegues policiales y de emergencia, y frenar intimidaciones y falsas alarmas en ámbitos educativos.
La resolución del Gobierno contempla los gastos ocasionados por intervenciones policiales, brigadas especiales, bomberos y áreas de investigación, que serán reclamados a los padres o adultos responsables de las personas menores de edad identificadas e imputadas por la Justicia.
"A partir de ahora, toda intimidación pública, amenaza o falsa alarma que implique el despliegue de recursos del Estado no solo tendrá consecuencias penales, sino también un recupero económico de los costos operativos", explicaron desde la Provincia.
El procedimiento prevé que, una vez identificados los responsables, se cuantifiquen los recursos humanos y materiales utilizados en cada intervención. Con esa información, el Estado avanzará con la intimación de pago y, de ser necesario, con acciones judiciales.
“Cada operativo de estas características moviliza personal policial, móviles, sistemas de emergencia, tareas investigativas y recursos tecnológicos, afectando capacidades que deberían estar destinadas a la prevención del delito en otros puntos de la provincia”, explicó el ministro Juan Pablo Quinteros.
El funcionario remarcó que no se trata de hechos menores, sino de conductas que alteran el normal funcionamiento escolar, generan angustia en estudiantes, docentes y familias, y obligan a una respuesta inmediata del Estado.
El protocolo se implementará en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba y las áreas administrativas correspondientes.
“Cada vez que alguien realiza una falsa amenaza en una escuela, se activa un importante dispositivo estatal. Se movilizan efectivos, unidades especiales y sistemas de emergencia que deberían estar cuidando a los vecinos en otros puntos de la provincia. Eso tiene un costo, y ese costo no puede seguir recayendo sobre toda la sociedad”, enfatizó el ministro.
