Tragedia de las Altas Cumbres: víctimas y familiares piden investigar el patrimonio de Oscar González

En la antesala de la sentencia fijada para el próximo 20 de octubre, víctimas y familiares de la tragedia del Camino de las Altas Cumbres concretaron este martes una presentación ante los Tribunales Federales de Córdoba para solicitar una investigación sobre la situación patrimonial del exlegislador Oscar González. La medida, llevada adelante a través del abogado Germán Romero Marcón, pone el foco en el origen de los recursos económicos del imputado y en el esquema de cobertura de los tratamientos médicos de las jóvenes sobrevivientes, Marina Szulewicz —hija de la fallecida Alejandra Bengoa— y Alexa Miranda.

El planteo judicial surge a partir de las declaraciones emitidas por González en la etapa final del juicio ante la Cámara del Crimen de Villa Dolores, donde aseguró ser "un jubilado y carecer de bienes propios". Al respecto, Romero Marcón señaló que las familias de las víctimas no disponen de información precisa ni de documentación, recibos o constancias que permitan verificar quién financia la asistencia y rehabilitación de las jóvenes tras el siniestro vial ocurrido el 22 de octubre de 2022.

El pedido ante la Justicia Federal busca determinar la existencia de posibles irregularidades o evasión, al tiempo que la información obtenida será incorporada al fuero provincial en el marco del reclamo civil. Sobre este punto, la defensa de González y la Procuración del Tesoro en representación del Estado provincial coincidieron en rechazar las pretensiones indemnizatorias solicitadas por las familias afectadas, al tiempo que atribuyeron la responsabilidad del choque a la víctima fatal. Asimismo, la querella descartó versiones sobre una actualización a 75.000 millones de pesos del monto demandado, aclarando que la demanda inicial, fijada en torno a los 11.000 millones de pesos, contempla el financiamiento de los gastos sanitarios futuros.

Impunidad patrimonial y falta de transparencia en la causa Altas Cumbres

La presentación judicial ante los Tribunales Federales expone los mecanismos de cobertura y el uso de recursos que rodean la figura del exlegislador, en un proceso donde las dilaciones y las controversias sobre la titularidad de sus bienes continúan afectando el acceso a una reparación justa para las víctimas. La opacidad respecto a quién asume los costos médicos y el rechazo explícito a los reclamos civiles profundizan las asimetrías de poder entre la estructura estatal, el dirigentsmo político y los ciudadanos afectados por siniestros viales.

El pedido de investigación patrimonial busca echar luz sobre la disponibilidad de bienes y la transparencia financiera del imputado, impidiendo que maniobras de insolvencia dejen desprotegidas a las sobrevivientes que requieren tratamientos y cuidados de alta complejidad de por vida.