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Comprobaron daños en una nenita de 9 años en Piamonte
REGIONALES25/04/2025
Pérez Darío Eduardo
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dejó firme una sentencia judicial que confirmó que el uso de glifosato provocó daño genético en una familia de la localidad de Piamonte. La causa, iniciada en 2016, ordena prohibir fumigaciones con agroquímicos a menos de 1000 metros de las viviendas y establece nuevas pautas de control sobre silos, galpones y maquinarias agrícolas en zonas urbanas.
La decisión surge tras un recurso de amparo presentado por la familia Córdoba, quienes viven en el casco urbano de Piamonte, un pueblo de 3.500 habitantes ubicado en el centro-oeste santafesino. Denunciaron afectaciones en su salud a raíz de las fumigaciones cercanas a su vivienda, especialmente en la salud de su hija Abigail de 9 años , quien dio positivo en pruebas genéticas por daño en el ADN.
El fallo judicial incluye estudios médicos realizados por la Universidad Nacional de Río Cuarto que confirmaron genotoxicidad (alteración del ADN) en la menor, y por el Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, que aportó evidencia sobre los efectos sanitarios del uso intensivo de agroquímicos.
El juez de primera instancia, Daniel Zoso, ordenó establecer una zona de exclusión de mil metros alrededor del ejido urbano y declaró la inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley Provincial 11.273, además de una ordenanza local que permitía pulverizaciones más cercanas a las viviendas.
También dispuso controles específicos sobre silos y galpones, que deberán contar con cortinas forestales para evitar la dispersión de polvillo, y prohibió la circulación de maquinaria pulverizadora dentro del pueblo. Se ordenó además el fomento de prácticas agroecológicas dentro del área urbana.
Entre los denunciados figuran la Comuna de Piamonte, titulares de establecimientos de acopio, y productores rurales de la zona. El fallo alcanza también a centros educativos, de salud y clubes del pueblo.
Con esta decisión, el máximo tribunal provincial reconoce el vínculo entre el modelo agroindustrial actual y sus impactos en la salud humana, dando validez a los estudios científicos presentados en el expediente judicial.

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