Un año después de que el Gobierno nacional redujera el financiamiento a las provincias, Jujuy se propuso como un laboratorio para la privatización de la salud pública: si cobran por encima del medio millón de pesos, deberán pagar un seguro de $ 50.000 mensuales.
EL PAIS18 de diciembre de 2024La Legislatura provincial de Jujuy aprobó este miércoles la creación de un Seguro Provincial de Salud (Seprosa) que será obligatorio para atenderse en hospitales públicos jujeños para todos los que no cumplan con el umbral de ingresos mínimos. Se estima rondará en los $50 mil mensuales. Es fruto de un proyecto presentado por la Unión Cívica Radical (UCR), partió aguas en el voto de los legisladores del Frente de Todos (FdT) y le servirá al presidente Javier Milei como primer laboratorio de privatización de la salud pública.
La iniciativa aprobada esta tarde a mano alzada por la mayoría de los presentes establece que todo jujeño que quiera seguir accediendo a las prestaciones del Plan Médico Obligatorio -hasta el momento gratuito- deberá abonar el equivalente “al menor valor vigente de cinco (5) consultas médicas” del nomenclador del Instituto de Seguros de Jujuy. Según la nueva norma, que ahora debe ser promulgada, quienes paguen estos $50 mil mensuales recibirán una “Credencial Digital” con la que podrán “gozar de las prestaciones" médico asistenciales. Los únicos que quedarán exceptuados serán los que hagan el trámite y acrediten que sus ingresos no superan los dos salarios mínimos, es decir, cuyos ingresos no superan los $543.142.
El principal argumento del proyecto de ley -y de los diputados tanto de la UCR como de la mayoría del FdT que votaron a favor- es que el Estado nacional dejó de enviar recursos para financiar la salud y deben instrumentarse nuevos mecanismos para solventarlo. “Toda asistencia sanitaria, posee un costo. Éste, en caso de personas carentes de recursos y sin obra social, es solventado por el Estado provincial. En esa línea, resulta de público conocimiento que, por cambios en la economía nacional, las provincias han dejado de recibir la financiación que habitualmente recibían”, plantea uno de los primeros párrafos de la iniciativa de 8 carillas presentada por el radical Santiago Jubert.
La Cámara de Casación dispuso este martes que se debe revisar el regreso a prisión del acusado por delitos de lesa humanidad Alberto Daniel Rey Pardellas, que afirmó que el robo de los hijos e hijas de los detenidos-desaparecidos tuvo un "sentido humanitario".
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) denunció que, desde la intervención del Gobierno de Javier Milei a la Obra Social Osprera, se restringió el acceso a los servicios de salud y la entrega de medicamentos a las y los afiliados y sus familias.
La entidad bancaria deberá abstenerse de cobrarle las cuotas del crédito impugnado.
Los trabajadores denuncian que las empresas incumplen compromisos asumidos en paritarias anteriores. La paralización de la actividad afectará en todo el país a las fábricas de las tres grandes firmas del sector.
El riojano sostuvo que "ningún argentino puede estar una semana sin su medicación".
El juez Francisco Ferrer ordenó al Gobierno de la Ciudad incluir a la víctima en un programa habitacional donde pueda tener acceso a una vivienda digna.
La llamativa campaña invita a “cordobizate”, pero elige un término que es utilizado de manera despectiva, un insulto o como destaque.
Efecto niebla
Se preserva el nombre del detenido para evitar exponer a la victima. El doctor, hoy jubilado, trabajó en al salud pública local.
Malena Nayla Agüero tenía 7 años y vivía junto a su mamá en General Rodríguez. Este miércoles desapareció del patio de su casa y fue encontrada asesinada en la casa de un vecino, Ariel Axel Díaz, de 18 años.
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