El gobierno de Córdoba debe dos meses de sueldo a los escolares auxiliares. Les pagan $ 4,400 por mes. En San Francisco son 150 mujeres.

Desesperante situación de 150 mujeres que trabajan en los colegios de San Franciso. El gobierno provincial les debe dos meses de suedo, están en negro y cobran $ 4,400 al mes.  A continuación un informe  de María Inés Nugent-Lic. en Ciencia Política. Asesora Banca del PTS - FIT en Córdoba

Cuando en julio de 2017 decíamos que la situación de extrema precariedad laboral de los auxiliares escolares de la Provincia de Córdoba vino para quedarse no exagerábamos. Aquella caracterización que observaba la miseria salarial, previsional y social de 3.000 personas que trabajan en negro para el Estado provincial no ha de cesar –ni mucho menos- con el concurso y posterior pase a planta permanente de 4800 empleados provinciales.

Recordemos que producto de un acuerdo Schiaretti / Pihen en la última sesión legislativa de 2017 se sancionó la ley que habilita el pase a planta permanente mediante concursos. Una de las condiciones para acceder a concursar es ser contratado con una antigüedad no menor a cinco años (art. 3 Ley 10512). Los y las auxiliares redoblan en muchos casos esa antigüedad, sin embargo no pueden aspirar a concursar para obtener su pase a planta permanente porque jamás la Provincia de Córdoba los puso en situación de personal contratado.

El plan de auxiliares escolares comenzó hace 18 años con la intención de ofrecer asignaciones solidarias para paliar la crisis económica. Quienes desarrollan sus tareas bajo el plan de Auxiliares Escolares se ven obligados a trabajar cuatro horas diarias sin acceso a vacaciones, licencias por maternidad, enfermedad y sin aportes jubilatorios.

Desde su creación, en 1999, no hubo contratos, solamente designaciones para el cobro de una asignación. Sin embargo, la limpieza y portería de las escuelas demanda trabajadores que la ejerzan. La tarea de los auxiliares escolares es tan importante que quien se ausenta de sus funciones por razones de fuerza mayor (enfermedad, accidente, fallecimiento de un familiar), pierde la “asignación solidaria” (sueldo) y es removido de su cargo por el legislador departamental o el puntero de Unión por Córdoba que lo tiene bajo su órbita. En su lugar, éste designa a un nuevo auxiliar que es otra persona económica y socialmente tan vulnerable como la que fue cesanteada. Es, en el 75 % de los casos una mujer que detenta el título de “único sostén de hogar” a la que el Estado o los empresarios deciden “superexplotar” porque se trata de una trabajadora que sólo puede elegir entre la condición de semi-esclavitud y la de padecer hambre. En este sentido podemos citar las palabras de Gloria Cuevas, secretaria de SUTEAGEP (sindicato que los nuclea) quien con inmenso dolor nos expresó: “muchas de estas mujeres comen una vez al día, a la noche no comen”.

Los auxiliares escolares son trabajadores en negro del Estado provincial en un país en el que el mismísimo Ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, dispone de trabajadores en negro, lo que determina la legitimación de la práctica impuesta por el sistema capitalista al ser ejercida desde los Estados nacional y provincial o desde quienes detentan cargos de decisión.

La miseria, la necesidad extrema y el estómago vacío les permiten a Triaca o a Schiaretti explotar trabajadores y pretender que lo que hacen es disponer una “asignación solidaria” para “paliar situaciones de emergencia por crisis económica”.

Sin permiso para faltar
Los auxiliares escolares no tienen permiso de embarazarse, enfermarse, faltar por enfermedad de un hijo o fallecimiento de un familiar.

Entre los 3.000 trabajadores en negro sobran testimonios de las aberraciones que se producen contra los auxiliares escolares en la geografía cordobesa.

Así, por ejemplo, algunas de ellas domiciliadas en la ciudad de Deán Funes nos hicieron saber que unas 30 auxiliares escolares deben ejercer tareas domésticas y de cuidado de niños en el domicilio particular de una legisladora de Unión por Córdoba, sin mediar paga, so pena de suspender la asignación a quien se niegue a hacerlo. Las que quedaron embarazadas, dos en 2017, fueron dadas de baja.

En Villa María a las auxiliares, a quienes no se les permite faltar por ninguna causal, porque inmediatamente son expulsadas del “plan”.

En Alta Gracia un caso de neumonía en una trabajadora auxiliar escolar, con una trayectoria de diez años, significó su baja. Pero son muchas más las irregularidades denunciadas en esa ciudad.

Los auxiliares escolares deben militar para Unión por Córdoba
Desde la ciudad de Jesús María la banca del PTS en el FIT receptó diversos testimonios de auxiliares que reciben amenazas de perder su asignación laboral si no militan para la fuerza provincial cuando se lo requiere un legislador.

En el Departamento Tulumba, un representante legislativo corrigió una planilla ya firmada por la directora de un establecimiento y agregó a otra persona en el lugar de quien había efectivamente desarrollado las tareas. Esta denuncia, hecha por un familiar de la trabajadora, va más allá y acusa a la esposa de un comisario de haber ocupado el lugar para simplemente cobrar la asignación sin retribución laboral.

José Pihen cuando asume su rol de Secretario General del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) se ve obligado a esbozar algún reclamo ante las autoridades provinciales, aunque lo hace por mera formalidad. Esta actitud ha producido que el sector se organice en el Sindicato Unido de Trabajadores del Estado, Agencias y Empresas Públicas - Córdoba (SUTEAGEP) organización que desde la portada de su página en Facebook denuncia: “ Auxiliares escolares y Paicor 18 años en negro, trabajo y sueldo indigente”.

La situación de los auxiliares escolares, en muchos casos, nos remite a la semi- esclavitud. En la Provincia de Córdoba hay otros trabajadores explotados por el Estado Provincial que es válido mencionar aquí: las cuidadoras hospitalarias, las docentes de las Salas Cuna y todos los trabajadores tercerizados en empresas de limpieza. El Estado es responsable porque garantiza y ejerce situaciones aberrantes con un sector de la población extremadamente vulnerable.

Desde la banca del PTS en el Frente de Izquierda la legisladora provincial Laura Vilches expresó: “es urgente que el Gobierno determine el pase a planta permanente de los 3.000 trabajadores Auxiliares Escolares que desde hace 18 años son explotados por el Estado provincial a través del ejercicio clientelar que desarrollan los punteros políticos y legisladores de Unión por Córdoba”.