Pérez Darío Eduardo
Cordobesistas se pliegan al rechazo a los fondos reservados para la Side
De la Sota y Alejandra Torres firmaron el proyecto de Stolbizer para rechazar el DNU que le da cien mil millones a la inteligencia. Es una posición que comparten todos los integrantes del bloque que está dentro de Hacemos Coalición Federal, entre ellos, Ignacio García Aresca . Comienza una semana clave.
Por Bettina Marengo
“No le vamos a dar una navaja al mono”. Con esa frase selló un diputado cordobesista la posición del oficialismo provincial sobre el DNU 656/2024 del presidente Javier Milei, por el cual se le otorgó a la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) cien mil millones de pesos en concepto de gastos reservados. Finalizado el receso invernal porteño, este miércoles se reunirá en la cámara baja el bloque de Hacemos Coalición Federal, que integran los cinco diputados que responden a Martín Llaryora y a Juan Schiaretti para armar una estrategia frente al decreto que para caer, tiene que tener el rechazo de ambas cámaras en el Congreso. Más allá de las posibilidades reales, están los gestos políticos.
El proyecto que organiza el rechazo del llamado sector dialoguista es el que lleva la firma de Margarita Stolbizer, presentado la semana pasada con las firmas adosadas de Natalia de la Sota y Alejandra Torres, entre los cordobeses. De la Sota juega de líbera y Torres no es mesa chica de los cabezas del oficialismo provincial, que tal vez evitaron exponerse frente a Milei con sus principales espadas.
“Hace falta un servicio de inteligencia serio, que no sea el del kirchnerismo ni el de Macri, ni uno que se meta a espiar la vida privada de los políticos”, señalan en Cordoba Federal. Es más: en estricto off abren la puerta a una hipótesis inquietante sobre un eventual ataque terrorista internacional a la Argentina (“que no se sabe si no podría ser a Córdoba”, aventura alguno) y la necesidad, frente a ese escenario, de una Side profesional. Además de las cordobesas, firmaron el proyecto de Stolbilzer los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, y los PRO Emilio Monzó y Nicolás Massot. El proyecto rechaza el DNU y pide su nulidad por inconstitucional y se complementa con el que presentó la Coalición Cívica de Elisa Carrió.
También fogoneó el rechazo el cordobés Oscar Agost, jefe del PRO local. “Con ese monto se podrían abonar 72.000 jubilaciones mínimas ($230.000 aprox. agosto). O bien, con buenas intenciones y priorizando a los jubilados, duplicarlas desde aquí hasta fin de año”. Hay que recordar que el oficialismo nacional viene evitando en Senado el tratamiento de la nueva movilidad jubilatoria que tiene media sanción de la Cámara de Diputados con el voto de la misma mayoría que podría conformarse para resistir el millonario cheque destinado a la SIDE y a su controlador, el asesor estrella Santiago Caputo. El mismo conglomerado heterogéneo que podría hacer caer el DNU 70 que firmó el libertario para desregular la economía apenas asumió el gobierno, que ya fue rechazado por el Senado y que incluso en el oficialismo aceptan esta vigente porque no hay decisión de los “dialoguistas” de tratarlo en Diputados.
Al bloque que conduce Miguel Angel Pichetto y al de la Coalición Cívica, se podrían sumar el casi centenar de legisladores de Unión por la Patria, algún sector de la UCR y el Frente de Izquierda. Entre los radicales, el fueguino Pablo Blanco le reclamó al titular de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, Juan Carlos Pagotto, “el urgente” tratamiento del DNU 656. Lo cierto es que el Ejecutivo tiene diez días hábiles para enviar el DNU a la Bicameral donde La Libertad Avanza y sus aliados del PRO tienen la mayoría de los 16 miembros. Si no hay Bicameral ni despacho de comisión, los dialoguistas+kirchneristas+izquierda deberán buscar una mayoría agravada en el recinto para voltear el decreto. Esta semana va a ser clave en Diputados para este tema. En Senado, mientras tanto, algunas versiones dicen que se empezará a destrabar el proyecto de movilidad jubilatoria, tal vez como gesto libertario para evitar la arremetida contra la plata para inteligencia.
Un año después de que el Gobierno nacional redujera el financiamiento a las provincias, Jujuy se propuso como un laboratorio para la privatización de la salud pública: si cobran por encima del medio millón de pesos, deberán pagar un seguro de $ 50.000 mensuales.
La Cámara de Casación dispuso este martes que se debe revisar el regreso a prisión del acusado por delitos de lesa humanidad Alberto Daniel Rey Pardellas, que afirmó que el robo de los hijos e hijas de los detenidos-desaparecidos tuvo un "sentido humanitario".
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) denunció que, desde la intervención del Gobierno de Javier Milei a la Obra Social Osprera, se restringió el acceso a los servicios de salud y la entrega de medicamentos a las y los afiliados y sus familias.
La entidad bancaria deberá abstenerse de cobrarle las cuotas del crédito impugnado.
Los trabajadores denuncian que las empresas incumplen compromisos asumidos en paritarias anteriores. La paralización de la actividad afectará en todo el país a las fábricas de las tres grandes firmas del sector.
El riojano sostuvo que "ningún argentino puede estar una semana sin su medicación".
La llamativa campaña invita a “cordobizate”, pero elige un término que es utilizado de manera despectiva, un insulto o como destaque.
Efecto niebla
Se preserva el nombre del detenido para evitar exponer a la victima. El doctor, hoy jubilado, trabajó en al salud pública local.
Malena Nayla Agüero tenía 7 años y vivía junto a su mamá en General Rodríguez. Este miércoles desapareció del patio de su casa y fue encontrada asesinada en la casa de un vecino, Ariel Axel Díaz, de 18 años.
Los casinos facturan 38 mil millones por año
3500 jubilados están sin remedios y con un ingreso de 300 mil al mes