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Lo hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en respuesta a una demanda que impulsó la agrupación Memoria Activa por las irregularidades en la investigación.
EL PAIS14/06/2024La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró responsable a la Argentina por la violación a los derechos de las víctimas en el esclarecimiento al atentado a la AMIA, ocurrido hace casi 30 años.
El fallo del tribunal internacional se basó en la propia aceptación del Estado argentino, en los gobiernos de Néstor Kirchner y Alberto Fernández.
“Esta Corte concluye que el Estado incurrió en una falta grave a su deber de investigar uno de los mayores atentados terroristas en la historia de la región”, fundamentó.
“Las faltas del Estado a su deber de investigar, las dilaciones injustificadas al proceso y, en general, la falta de esclarecimiento y la situación de impunidad, han provocado en los familiares de las víctimas sentimientos de angustia, tristeza y frustración”, sostuvo en su resolución el máximo tribunal.
Cabe remarcar que, en esa línea, se intimó al Estado a indemnizar a las víctimas.
También señaló que clasificar toda la información de los servicios de inteligencia como reservada es contrario al derecho a buscar y recibir información consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y dispuso remover todos los obstáculos que mantienen la impunidad.
Además, el tribunal internacional estableció que el Estado argentino deberá hacer un acto de reconocimiento internacional de su responsabilidad.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia”, indica la resolución.
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Marco Chediek, militante de LLA, fue condenado a realizar aportes económicos, tareas comunitarias y un pedido público de disculpas por amenazar opositores.
El juez Guillermo Díaz Martínez interpretó que los derechos de las personas con discapacidad y sus familias fueron afectados “por una norma inconstitucional” y su ejecución “irregular”, por parte del Gobierno y la Andis.
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