El caso de Jonatan Romo, un joven de 35 años que murió en la comisaría de La Falda en 2022 luego de ser detenido y golpeado por un grupo de policías, podría llegar a juicio, luego de que el fiscal de Cosquín, Raúl Ramírez, elevara el pedido por segunda vez, tras el rechazo del juez de Control en una primera instancia, quien había dictado la falta de mérito de la acusación contra los uniformados imputados.
Ahora, luego del trabajo de la querella que representa a la familia de Romo, proceso en el que aportó nuevos elementos a la investigación, el fiscal considera probado que la muerte del joven sobrevino como consecuencia del abuso policial que sufrió, tanto en su detención en la calle de un barrio, como la posterior en la propia comisaría de La Falda.
Aún así, las defensas de los seis policías imputados tienen un plazo de seis días para apelar el segundo pedido de elevación a juicio ante Ramiro Nuñez, a cargo del Juzgado de Control de Cosquín, quien luego deberá ratificar su anterior postura o hacer lugar al pedido del fiscal Ramírez.
Mientras tanto, cuatro de los seis policías permanecen imputados por el delito de homicidio calificado por abuso de sus funciones: se trata de los sargentos Miguel Aguilera y Walter Geri y los cabos Juan Zunino y Hernán Suárez.
En tanto que el subcomisario Pablo Zárate y el cabo Lucas Gímenez, están acusados por encubrimiento agravado del crimen, tras no haber registrado lo sucedido en el libro de guardia de la comisaría, como también por no haber denunciado lo ocurrido.
El hecho ocurrió en la tarde del domingo 10 de julio en la ciudad de La Falda, luego de que Romo resultara detenido inmerso en una crisis nerviosa, en el barrio Río Grande, adonde fue reducido por dos policías que lo golpearon en el suelo.
El terrible suceso causó dolor y conmoción tanto entre familiares y amigos de la víctima, como en la comunidad y provocó además la salida de tres altos jefes policiales, el repudio social, expresado en sendas marchas realizadas frente a la Central de Policía en la ciudad de Córdoba y por las calles de la ciudad del centro-norte del Valle de Punilla.
De acuerdo a los resultados preliminares de la autopsia realizada, Romo falleció por asfixia mecánica y sus familiares denunciaron que en diciembre del 2021, el joven ya había sido golpeado salvajemente por policías en otro procedimiento, por lo cual debió ser internado en un hospital de la ciudad de Córdoba.
En ese sentido, pidieron que por la muerte también sea imputado el comisario Diego Bracamonte, quien estaba a cargo de la Unidad Regional Departamental Punilla Norte, que fue removido del cargo por la jefatura de Policía y además, que la fiscal de Cosquín Paula Kelm sea sometida a un jury de enjuiciamiento, para ser destituida por mal desempeño.
