La Alianza Argentina de Pacientes Asociación Civil (Alapa) presentó un recurso de amparo para frenar la suspensión del funcionamiento de la Dirección de Asistencia Directa para Supuestos Especiales (DADSE). Los pacientes, muchos con enfermedades graves, denunciaron que en las últimas semanas dejaron de recibir sus medicamentos.
"Venimos a presentar una acción de amparo para tutelar derechos de incidencia colectiva sobre intereses individuales homogéneos (acción de clase) en relación a una misma causa fáctica homogénea, que constituyó el cierre o la suspensión del funcionamiento de la DADSE, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, con domicilio en Rivadavia 870 de esta Ciudad de Buenos Aires", indicó Alapa.
El recurso de amparo cayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 7. La suspensión de envíos de medicamentos, señaló la Alianza Argentina de Pacientes Asociación Civil, "causó una violación del derecho a la salud y a la vida de una cantidad determinable de personas que requieren medicación o asistencia en su tratamiento médico y están esperando la resolución de sus expedientes".
"El cierre o la suspensión del funcionamiento de la DADSE fue una decisión única del gobierno que dejó sin respuesta a una clase de personas que no tienen otro modo de conseguir las medicaciones que requieren", siguió Alapa en el documento que presentó en la Justicia.
La DADSE, se indicó, "es el último recurso que tienen pacientes oncológicos y de otras patologías, de bajo, medio y alto costo, que no tienen obra social ni otra cobertura médica, que no reciben ningún tipo de subsidio o transferencia económica (todos tienen certificado negativo de ANSES) y que tanto sus propias jurisdicciones u otros bancos de medicamentos les han dado una negativa a cubrir su medicación. La DADSE es el modo en que el gobierno federal cubre, de manera subsidiaria, las obligaciones básicas del derecho a la salud comprometido internacionalmente".
"Este amparo pretende que se garantice el funcionamiento de la DADSE, a través de la designación de autoridades, la sanción de un procedimiento eficaz y rápido para cotizar las compras, que implique que ningún expediente demore más de 60 días desde su presentación, y que se le garantice un presupuesto suficiente para garantizar su funcionamiento", agregó Alapa.
