La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, desestimó el recurso extraordinario con el que el gobierno de Javier Milei intentaba llevar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la defensa de su suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793), alegando un presunto "desequilibrio fiscal".
Con esta decisión, la Justicia Federal ratificó la plena vigencia de la norma, que fuera aprobada y ratificada por el Congreso, tras el veto presidencial.
El conflicto se originó cuando el Ejecutivo dictó el Decreto de promulgación 681/2025, que en su artículo 2 frenaba la ley aprobada por el Congreso. Ante esto, se inició un amparo colectivo.
El juez federal Adrián González Charvay declaró inválida la obstrucción planteada por el Ejecutivo y ahora la Cámara confirmó el fallo, bloqueando la última vía legal del Gobierno para dilatar las prestaciones contempladas en la norma, ampliamente demandada por las personas con discapacidad y sus familias, profesionales e instituciones.
La abogada Marta Lastra, que patrocinó profesionalmente el amparo colectivo que se presentó contra el incumplimiento de la Ley, explicó los fundamentos del rechazo judicial: "La Cámara consideró que no existe ningún gravamen para habilitar la vía extraordinaria. El recurso federal se usa para cuidar la supremacía de la Constitución, y ni la Constitución ni la Convención Internacional pueden ser interpretadas en contra de las personas con discapacidad".
Paralelamente, denunció que la victoria judicial choca contra la falta de respuestas del Ejecutivo en el día a día de los prestadores y beneficiarios: "A un año de la vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad y con órdenes judiciales para aplicarla, nos encontramos con aranceles por debajo del real, sin pago de compensaciones y con más problemas en pensiones no contributivas. Teniendo la ley sancionada y decisiones de la Justicia, el Poder Ejecutivo no cumple. ¿Qué más tiene que ocurrir?".
Finalmente, la abogada detalló que la Ley 27.793, de Emergencia en Discapacidad, obliga al Estado Nacional a garantizar el funcionamiento del sistema mediante el financiamiento obligatorio, con reasignación inmediata de partidas presupuestarias; la actualización de aranceles, con la regularización de pagos a transportistas, psicólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, demás profesionales y centros de día; y la continuidad de prestaciones, con la protección de la cadena de pagos para evitar la interrupción de tratamientos.
"Tras este fallo definitivo, las organizaciones del sector exigen que el Gobierno acate de inmediato lo ordenado por la Justicia y cese el ahogo financiero que afecta a miles de familias", remarcó.
