Los organizadores del acto por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia que nucleó al arco político del peronismo y organismos de derechos humanos pidieron por una "ley contra el negacionismo", luego de que la Casa Rosada emitiese un spot en el que se cuestiona a la cifra de 30.000 desaparecidos.
"Frente a este gobierno, que pretende restablecer la teoría de los dos demonios y reivindica al terrorismo de Estado, seguimos reclamando una ley contra el negacionismo, que sancione a funcionarios y funcionarias y representantes elegidos que desestimen los crímenes y a sus víctimas", afirmó en ese sentido el documento oficial del acto, en un tramo leído por la titular de Abuela de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en el escenario principal pasadas las 15 horas.
En el documento también se reafirmó que "la participación de las Fuerzas Armadas en conflictos internos es contraria a su rol y pone en riesgo los derechos humanos de todos", rechazando así la intención del gobierno de Javier Milei de modificar la Ley de Seguridad Interior para utilizar a las FFAA en el combate al narcoterrorismo.
Además, el documento reiteró la necesidad de castigar a los "partícipes civiles civiles" en el terrorismo de Estado: "Todavía falta mucho. Los partícipes civiles del terrorismo de Estado continúan en su mayoría impunes. Son el poder económico y empresarial del genocidio. Para ellos también exigimos JUICIO Y CASTIGO YA".
Del mismo modo, en otra crítica a la postura del Gobierno, se rechazó la prisión domiciliaria de los represores: "Son delitos que no prescriben y sus condenas deben ser de cumplimiento efectivo. Las constantes provocaciones del gobierno de Milei y Villarruel, en sentido contrario, violan todos los pactos internacionales que tienen rango constitucional".
"Seguimos reclamando y preguntando: ¿DÓNDE ESTÁN LOS CUERPOS DE NUESTROS DESAPARECIDOS? ¿DÓNDE ESTÁ JULIO LÓPEZ? Desde el reinicio de los juicios señalamos nuestra preocupación por los beneficios otorgados a condenados y detenidos con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad. Del total de los represores investigados, la gran mayoría ya falleció o bien atraviesan los procesos en libertad. Los detenidos son menos de 700 y más del 75 por ciento están en arresto domiciliario", advirtió el documento oficial.
