
Este delito cuenta con un plan que conlleva un "ofrecimiento, una captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas que tiene como fin la explotación", detalló la periodista especializada Ana Inés Cabral.
Así lo determinó un informe del Proyecto Mirar, una iniciativa del Centro de Estudios de Sociedad y Estado (Cedes).
EL PAIS06/12/2023En diciembre de 2020 se aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Desde entonces, hasta octubre de 2023, se realizaron 245.015 abortos legales, seguros y gratuitos en instituciones públicas de salud.
De acuerdo al último informe del Proyecto Mirar, una iniciativa del Centro de Estudios de Sociedad y Estado (Cedes) en alianza con Ibis Reproductive Health, en el período mencionado la línea de atención telefónica gratuita 0800-222-3444 sobre salud sexual atendió 40.563 consultas, 9 de cada 10 sobre aborto.
Sumado a ello, los laboratorios públicos de las provincias de Santa Fe, San Luis y Río Negro empezaron a producir medicamentos para garantizar las prácticas. Solo entre 2020 y 2021 las muertes maternas por aborto se redujeron de 23 a 13.
El reporte, difundido este lunes 4 de diciembre, expone: "El aborto transformó la vida social, política y sanitaria del país. En concreto, reconoció el derecho a decidir de mujeres y otras identidades, pero también implicó cambios en los sistemas de salud y la política pública". En vistas de un cambio de Gobierno, recuerda que la ley garantiza de forma integral acciones preventivas, estándares de calidad y de atención antes, durante y después del aborto, que se deben sostener y profundizar desde el Estado.
Desde 2020, el aborto se incorporó como una práctica en centros de atención primaria de la salud y en hospitales en todas las provincias, y se duplicó la cantidad de servicios públicos que realizan interrupciones voluntarias y legales del embarazo, que ahora son 1982 en todo el país, señala el informe.
"Los datos son claros para mostrar el desempeño de la política pública nacional y provincial, aun cuando las desigualdades territoriales para acceder al derecho persisten y deben ser corregidas", advierte. Si se miden los servicios en las instituciones públicas disponibles por mujer, hay 3 cada 100.000 mujeres en Chaco, Santiago del Estero y Tucumán; y 48 servicios cada 100.000 mujeres en La Pampa.
Otros datos relevantes afirman que entre 2021 y el primer semestre de 2023 se distribuyeron 240.540 insumos para la interrupción del embarazo. En línea con lo mencionado, 42.500 donaciones de medicamentos para realizar abortos fueron gestionadas por las autoridades de Salud.
Por intermedio de licitaciones, se adquirieron 177.564 tratamientos: misoprostol y mifepristona. Al mismo tiempo, se fomentó la producción pública nacional de los medicamentos, lo que ha contribuido "a una mayor disponibilidad de las drogas y accesibilidad económica", apunta el reporte.
Este delito cuenta con un plan que conlleva un "ofrecimiento, una captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas que tiene como fin la explotación", detalló la periodista especializada Ana Inés Cabral.
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