En el inicio de la campaña electoral para los múltiples comicios que habrá en este 2023, el concejal de Hacemos por Córdoba, Diego Casado, reflotó un proyecto de ordenanza que había presentado en 2020: establecer como obligatorio la práctica de rinoscopias a quienes se presenten para cargos electivos o sean funcionarios en la órbita municipal.

La rinoscopia es una prueba médica que sirve para diagnosticar inflamaciones del interior de las fosas nasales y determinar si el paciente ha aspirado estupefacientes. Además, la iniciativa implica la realización de análisis de sangre y orina para saber si la persona consumió drogas.

Llama la atención en el momento en que el proyecto es retomado, como forma de instalar temas polémicos en plena campaña para evitar las discusiones de fondo en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba. 

La idea de Casado es que se incorpore esta obligación al Código Electoral Municipal para que aquellos que sean candidatos a cargos electivos -intendente, viceintendente, concejales titulares, suplentes, tribunos de cuenta- “tengan que presentar ante la justicia electoral el certificado de exámenes complementarios de diagnóstico con resultado negativo con presencia de metabolitos de droga en el cuerpo de cada uno de estos funcionarios”, explicó el concejal a Radio Universidad.

Al ser consultado sobre si la iniciativa no invadía la vida privada de las personas, el edil de Hacemos por Córdoba dijo que “cuando uno ejerce la función pública la vida privada muchas veces queda en un segundo plano porque aquel que va a un recinto del Concejo Deliberante o que tiene que ejercer el cargo de intendente o viceintendente, cuando sale de la esfera de la privacidad y ya  pasa directamente a tener el trato directo y a tener responsabilidades en la ciudad, con el manejo de cuestiones económicas, cuestiones legislativas y un sinnúmero de cosas, esto queda en un segundo plano porque estamos ante el manejo de un millón y medio de la ciudad de Córdoba, y en este contexto, creo que el funcionario tiene que estar en óptimas condiciones para atender a los vecinos”. 

Casado agregó que el proyecto, además, tiene como objetivo “imposibilitar el encubrimiento que tiene el narcotraficante y el dealer con aquellos funcionarios a los que les expenden las sustancias narcóticos”.

El concejal oficialista sostuvo que “el convite del consumo de droga o circulación de droga dentro del ámbito público está representado como un delito en la Ley de Estupefacientes.Nosotros queremos desterrar todas esas circunstancias para el bien de la ciudadanía”. 

En esa línea, Casado indicó que “el decoro del funcionario público para el bien del los vecinos tiene que ser el fin. No estaría bien que un funcionario con el consumo de alcohol o con sustancias estupefacientes fuera en esas condiciones (a trabajar). Por eso es que tratamos de desterrar todo eso”, subrayó.

 FUENTE CBA 24