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El Ministerio de Salud de la Nación informan que durante 2021 se registraron 73.487 abortos en todo el país. Además, entre enero y septiembre de 2022 se contabilizaron 59.267 interrupciones de embarazo en el sistema de salud pública.
EL PAIS30 de diciembre de 2022Se cumplen dos años de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, un derecho que se consiguió gracias a la lucha de miles en las calles durante años.
¿Cómo es abortar actualmente en Argentina?, ¿qué pasa en las provincias con el derecho al aborto?, ¿se respeta en todos los rincones del país el derecho a abortar de forma libre, segura y gratuita?, ¿todavía hay persecución por abortar aunque sea legal?.
El 30 de diciembre de 2019, la Ley 27.610 fue aprobada en la Cámara Baja del Congreso de la Nación Argentina. Una ley de aplicación obligatoria en todo el país y que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y la atención postaborto de todas las personas con la capacidad de gestar.
La normativa garantiza el derecho al aborto hasta las 14 semanas de gestación y reconoce el derecho a la interrupción legal del embarazo en casos de violación, peligro de vida o de salud de la persona gestante sin plazos.
Tras la implementación de la Ley, datos del Ministerio de Salud de la Nación informan que durante 2021 se registraron 73.487 abortos en todo el país. Además, entre enero y septiembre de 2022 se contabilizaron 59.267 interrupciones de embarazo en el sistema de salud pública.
La directora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Mariana Romero, destacó que uno de los mayores logros de la ley fue "la despenalización social" que permite que "se puedan acercar a un hospital a solicitar un aborto".
"La posibilidad de contar con insumos y tecnología necesaria, para que el procedimiento sea seguro, demuestra la voluntad política de implementación de la ley. Además, el número de instituciones públicas que garantizan la práctica es un logro super importante", afirmó.
Romero advirtió sobre obstáculos en la implementación, entre los que señaló "la falta de una campaña pública y sostenida de información sobre los derechos que garantiza el poder interrumpir un embarazo".
"El proceso no es igual y no está garantizado con la misma calidad en todo el país. En tanto otro obstáculo es seguir utilizando métodos no recomendados, como el legrado, que debe ser reemplazado", indicó.
Según Amnistía Internacional Argentina, desde la sanción de la ley hasta abril de 2022, la Superintendencia recibió 319 reclamos por barreras al acceso al aborto en todo el país.
Por otro lado, el Ministerio de Salud informó que durante 2021 se intervino en 51 casos de posibles vulneraciones de derechos de acceso al aborto. La cartera detalló que las provincias en las que más se identificó esto fueron Salta (10), Buenos Aires (5), Chubut (4), Mendoza (4) y San Luis (4).
El último informe del Proyecto Mirar señaló que Chaco, Corrientes, Mendoza y San Juan son las provincias que tienen una menor relación entre profesionales de salud disponibles para realizar abortos por cada 1.000 mujeres en edad fértil. Mientras que Neuquén, La Pampa, Río Negro y Chubut, tienen una mayor oferta.
En cada provincia argentina existen distintos factores que afectan la cobertura de los servicios de salud sexual y reproductiva. Estudios del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) demostraron una realidad dispar en las provincias de Neuquén, Jujuy y Entre Ríos.
Las conclusiones del trabajo en dichas provincias señalan que, uno de los principales problemas del sistema de salud argentino es la fragmentación, no solo porque cada provincia tiene un sistema propio, sino porque además existen brechas hacia adentro de cada uno de estos sistemas, que dificultan el acceso, la calidad y la atención de los servicios.
Los datos muestran que Jujuy es una de las provincias con mayor proporción de embarazos no intencionales, con 75,8% al igual que La Rioja, que registra un 88%. Por su parte, Neuquén se encuentra por debajo de la media nacional con un 52,7% de casos de este tipo de embarazos.
En Entre Ríos, apenas un poco más del 10% de los efectores públicos de salud provinciales brindaron atención IVE/ILE en 2021, lo que marca el proceso que aún resta realizar para que la cobertura esté garantizada en todos los servicios públicos.
FUENTE IP NOTICIAS
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