
Así lo informó el senador a través de sus redes sociales, quien llamó "amigo" al mandatario libertario.
El Gobierno nacional anunció que recusará a los jueces del m Máximo Tribunal y consideró a la medida que benefició a CABA como "política".
POLÍTICA23/12/2022El presidente Alberto Fernández decidió este jueves recusar a los miembros de la Corte Suprema de de Justicia de la Nación y presentar un pedido de revocatoria “in extremis” contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, se informó oficialmente.
"En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe", argumentó el Gobierno, a través de un comunicado, luego de una reunión mantenida entre el Presidente y gobernadores peronistas en Casa de Gobierno.
El Gobierno, con el acuerdo de 14 gobernadores que firmaron el documento, consideró que lo resuelto por el máximo tribunal constituye "un fallo político, de cara al año electoral" y advirtió que, con esa decisión, "la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA".
"Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad", explicó el comunicado difundido por la oficina de la portavoz de la Presidencia.
Además, el Gobierno consideró que la Corte argumentó "de manera insólita" que "transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas" y advirtió: "Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación".
El Presidente tomó la decisión de recusar a los jueces de la Corte Suprema este jueves, tras una reunión que mantuvo con gobernadores peronistas en la Casa Rosada, en un encuentro convocado para analizar las consecuencias de lo dispuesto ayer por el alto tribunal, que suspendió la aplicación de una ley del Congreso y modificó de 2,30% a 2,95% el porcentaje coparticipable para el distrito gestionado por Horacio Rodríguez Larreta.
El documento lleva las firmas de los gobernadores y gobernadoras de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
Esas provincias "al verse afectadas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación" y para que soliciten la revocación "in extremis" de la resolución cautelar, según el documento.
El miércoles último, en un fallo firmado por los cuatro miembros de la Corte (Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz) se ordenó al Gobierno nacional que pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables.
Así lo informó el senador a través de sus redes sociales, quien llamó "amigo" al mandatario libertario.
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Fue a través del Decreto 436/2025. También se disolvió el Observatorio de Educación Vial y se inició una revisión de los contenidos de Educación Sexual Integral.
Tras la audiencia entre representantes de Córdoba y Nación, Llaryora ingresó al expediente de la Corte una copia certificada de la Ley provincial que ratificó el convenio. Según detalló el mandatario cordobés, en el transcurso de los próximos meses "se tienen que conciliar las auditorías desde el año 2019 al 2024".
El foco del reclamo está en el reparto de impuestos entre la Nación y las provincias, y poder avanzar con una propuesta vinculada con recursos específicos para obras de infraestructura y viviendas.
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