La flexibilización de las condiciones para la instalación de determinados proyectos ambientales y la supresión de la Evaluación de Impacto Ambiental son algunos de los fundamentos esgrimidos por la ONG Adarsa y otras organizaciones para pedir la inconstitucionalidad de las modificaciones a la ley de Ambiente provincial. Los peticionantes realizaron este lunes una presentación ante el Tribunal Superior de Justicia, pidiendo que se expida acerca d los cambios a la normativa que semanas atrás realizó por amplia mayoría la Legislatura Provincial.
Para Adarsa, los cambios devienen en "nuevas normas regresivas" que "violan el principio de progresividad" y "omiten toda instancia de participación ciudadana en el debate previo".
Al TSJ piden, además, que la nueva ley quede suspendida hasta tanto se resuelva la acción Declarativa de Inconstitucionalidad.
