En los Tribunales de San Cristóbal, terminó el juicio oral y público contra Javier Piedrabuena de 34 años de edad, quien desde el 19 de agosto del 2019 estaba detenido e imputado por el crimen de Silvia Quinteros, quien en ese momento era su pareja
POLICIALES - JUDICIALES 12/08/2022
El tribunal pluripersonal compuesto por los Jueces Estévez (Presidente), Bottero y Fortunatto consideraron que las pruebas expuestas por la fiscal Favia Burella durante todo el proceso judicial fueron suficientes para condenarlo a perpetua, tal cual lo había solicitado quien en su momento era fiscal del caso, hoy en la sección Gefas.
El femicidio de Quinteros fue cometido entre las 11:30 y las 16:00 del lunes 29 de julio de 2019 en jurisdicción de Hersilia. “El condenado le quitó la vida a su esposa por asfixia, y luego sepultó el cadáver en una fosa de tierra ubicada a 340 metros al este de la ruta nacional 34 y a 16 metros al sur de un camino rural en una zona en la que hay densa vegetación”, afirmó Burella.
“Piedrabuena actuó con conocimiento y voluntad de causar la muerte de su cónyuge, con quien había mantenido una relación de 12 años”, sostuvo la fiscal. “Ese vínculo de pareja siempre estuvo caracterizado por el sometimiento de la mujer, la cual era víctima de violencia verbal, física y psicológica por parte del acusado”, agregó.
Asimismo, Burella detalló que “él la obligaba a ejercer la prostitución, la controlaba y participaba del producido económico del ejercicio habitual e indeterminado del trato sexual venal que prestaba la mujer”. En tal sentido, señaló que “desde 2009, la llevaba en su vehículo a distintos lugares a la vera de la ruta en jurisdicción de Arrufó, Ceres y Hersilia, donde se prostituía”.
En relación al delito de desobediencia a un mandato judicial, la fiscal explicó que “el acusado incumplió esa imposición –vigente desde junio de 2019– que le prohibía acercarse a la víctima y a los hijos de ambos”.
Por último, Burella se refirió al delito de amenazas coactivas reiteradas por el que también será juzgado el acusado. “Luego de cometer el femicidio, obligó a una de las hermanas de Quinteros a denunciar que la víctima se había ausentado voluntariamente de su casa. También la intimidó para que llame por teléfono a la comisaría Sexta de Hersilia, se haga pasar por su hermana y diga que estaba en la provincia de Córdoba”, relató la fiscal.
“Las intimidaciones del acusado a la hermana de Quinteros siempre fueron bajo la amenaza de que si no hacía lo indicado, corrían riesgo de vida sus hijas menores de edad”, añadió. (Fuente El Departamental)
Había sido acusado por tres trabajadoras de la obra social por haberles tocado los glúteos en su lugar de trabajo.
El 30 de septiembre se incendió una vivienda en el barrio Alberdi de la ciudad del sur provincial. El fiscal Daniel Miralles imputó de homicidio calificado por el vínculo a Mónica Rigotti, quien atraviesa una prisión domiciliaria.
A lo largo de casi dos años, distintos organismos intervinieron con denuncias, medidas de protección y alertas migratorias, pero la coordinación entre ellos fue limitada. Las advertencias sobre el riesgo que representaba Pablo Laurta nunca lograron transformarse en una protección efectiva para las víctimas.
Sería imputado por homicidio agravado "criminis causa". Posteriormente, se espera que esta misma semana sea trasladado a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio.
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