Jueza toma medidas por violencia de género en el Servicio Penitenciario de Córdoba

María Eugenia Vigilanti, jueza de primera instancia de Alta Gracia, prohibió a tres oficiales del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) comunicarse por cualquier medio, relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier actividad similar que G.R, otra oficial de 29 años, que pertenece a la misma fuerza, que las denunció por violencia laboral y de género.EN REDACCIÓN

La medida judicial recae sobre las penitenciarias Roxana Lujan, Mónica Solera y Laura Ruiz. El cuarto denunciado es el jefe del SPC, Juan María Bouvier, por su “responsabilidad funcional”, pero Vigilanti no dispuso ninguna restricción contra él. Los hechos vienen sucediéndose desde 2016 según señala la denuncia.

La de esta joven oficial no es el primer planteo de violencia de género y hostigamiento laboral contra el SPC y su cúpula.

Dice G.R en su denuncia, que sufrió “violencia de género, violencia laboral, y abuso de poder -entendiendo por esto, el abuso de poder que ejerce una persona con la finalidad de excluir o someter a otra-“.

Explica la denunciante que “se manifiesta en mi caso particular y, entre otras formas, como violencia psicológica,  discriminación Laboral, hostigamiento Laboral, denigración, faltas de respeto, violencia, daño moral, y perdida de chance”, situaciones que la han obligado a recurrir a tratamiento sicológico y siquiátrico por sufrir de “trastorno de ansiedad generalizado, trastorno no orgánico de sueño, reacción mixta de ansiedad y depresión”.

La mujer, que es madre de dos niños, de 2 y 6 años de edad, teme, ahora, por la posible pérdida de su fuente de trabajo y sus ingresos en el SPC.

Como en otros dos casos denunciados por oficiales mujeres y que publicó este medio, sus problemas en la institución comenzaron una vez que se separó de su primera pareja (Oscar Maldonado), un suboficial del SPC que la golpeaba, en marzo de 2016. Luego, en mayo de 2021, se separó de su segunda pareja (Marcos Gudiño), un oficial penitenciario que también ejercía violencia de género, psicológica, económica y ambiental sobre ella.

“La Justicia me había puesto una consigna policial para protegerme y no podía moverme de mi casa, pero en Bienestar Social del Servicio, a cargo de la licenciada Bandini, me pedían que fuera a hacer el trámite de licencia al edificio donde están ellos. No querían tomarme la denuncia, tuvo que librar un oficio el juez para que lo hicieran, para que mandaran dos asistentes sociales”.

G.R nació en Villa María y antes de ingresar en la Escuela de Oficiales del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), estudió dos años de la carrera de diseño y producción audiovisual en la Universidad Nacional de su ciudad. Se recibió de inspectora en bromatología y estudia la tecnicatura en la misma especialidad.

El SPC ni el tribunal de conducta, según le contó a ENREDACCIÓN, hicieron nada pese a sus denuncias y su situación: “Los protegieron a ellos, me denigraron, es una institución machista”.

¿Te ascendieron alguna vez?, le preguntó este medio.

No. Estoy con el grado de subadjutora auxiliar desde 2014. Al menos debí haber tenido dos ascensos (cabe acotar que si bien no es obligatorio, en el primer grado los oficiales permanecen hasta 4 años y si las calificaciones son buenas, los ascensos se producen cada tres años –como media de tiempo-).

 El jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba, Juan María Bouvier (Gentileza La Voz del Interior).
LA DENUNCIA
Según cuenta en su denuncia, G.R perdió un embarazo sin poder recibir atención médica, tuvo que padecer la prohibición de alimentar a sus hijos recién nacidos, debió realizar extenuantes jornadas de 12 horas de trabajo sin poder dejar su puesto ni siquiera para ir al baño, recibió sanciones arbitrarias y arrestos, se le impidió ascender, le negaron traslados a otras funciones, y también fue víctima de acoso sexual.

Revela que en 2016, cuando se desempeñaba en la UCA, en la Ciudad de Córdoba, pidió audiencia con la directora, Roxana Luján, para denunciar que venía sufriendo acoso sexual por parte del oficial Diego Oliva. Cuenta que Luján le respondió que “como era oficial recién designada debía acostumbrarme a este tipo de tratos ya que son habituales en el ámbito de trabajo del Servicio Penitenciario de Córdoba”.

La historia no terminó allí. Frente a la falta de respuesta de Luján, G.R se presentó ante el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario. Cuenta en el escrito que fue atendida en esa dependencia por el oficial Néstor Luna. “Me dijo que la palabra del oficial Oliva prevalecería sobre la mía toda vez que tenía mayor jerarquía que la que yo ostentaba en ese momento”.

Otro hecho que describe la G.R ocurrió a principios de 2017. En febrero informó al Área de Personal de la UCA, dependencia que estaba a cargo de la suboficial, Ivana Gómez, de que estaba embarazada. Luego, el 17 de marzo mientras hacía guardia, comenzó “a sentirse mal, a la par que tenía una perdida por sangrado” y le pidió a las oficiales Maujo y Valdivia, que la relevaran para concurrir al control médico. Sin embargo, Solera, que estaba a cargo de la unidad, le respondió que “no era nada, que era normal y que me mantuviera en mi puesto”.

Su guardia acabaría al día siguiente, el 18 de marzo, y al acudir a un control médico en el Hospital Pasteur, “me informaron que se había producido un aborto espontaneo, (…) por lo que debían realizarme un legrado”.

Al regresar de la licencia médica, Solera le comunicó una sanción por abandono de servicio, planteándole que “la pérdida del embarazo y posterior legrado eran mentiras y falsedades”, pese a haber presentado los certificados médicos correspondientes.

(Aclaración: A G.R. se la menciona por sus iniciales por ser víctima de violencia de género y estar en curso medidas de protección).