Existe una ley provincial con políticas de seguridad eléctrica. La misma obliga a los municipios a adecuar las instalaciones eléctricas del alumbrado público. Esa exigencia fue prorrogada una vez y el oficialismo quiso aplazarla por dos años más.
CÓRDOBA 27 de enero de 2022
Luciano, de 14 años, perdió la vida este martes tras tocar un poste de alumbrado público en una plazoleta de calle Achával Rodríguez. En el lugar intentaron hacerle reanimación pero los vecinos no pudieron salvarle la vida.
Un hermano del chico contó a Canal 12 que Luciano estuvo jugando a la pelota con sus amigos. "Hacía calor, fue a lavarse la cabeza y se apoyó contra el poste nomás", dijo. “La única explicación que se le encuentra a esto es que los encargados de arreglar ese poste de luz, que hace dos meses se decía que estaba electrificado, no le dieron bolilla”, denunció.
Mientras la familia de Luciano aún no encuentra consuelo ni explicación a lo que ocurrió el martes a la noche, la Municipalidad de Córdoba mantuvo el silencio durante 24 horas, en medio de fuertes críticas.
El director de Alumbrado Público del municipio dio su explicación a la muerte en Telenoche y adjudicó el problema al "vandalismo". "Se pudo observar que la columna a través de la cual recibió la descarga el menor, estaba la tapa vandalizada, forzada, y había una piedra en su interior", expresó Lucas Navarro.
Y agregó: "La instalación no estaba en condiciones normales y como la habíamos dejado el día que hicimos la intervención". El funcionario aseguró que tienen presentadas "56 denuncias penales por hechos de vandalismo en toda la ciudad".
La tragedia puso bajo la lupa de los cordobeses las políticas de seguridad eléctrica que deberían garantizar las diferentes esferas del Estado. Desde 2015 existe una ley provincial para tal fin, que recién entró en vigencia plena en diciembre pasado tras el caso Willington.
La Ley N° 10281 de Seguridad Eléctrica para la Provincia de Córdoba se aprobó por unanimidad en la Legislatura provincial el 17 de junio de 2015.
En términos generales, la ley procura capacitar y registrar a los electricistas sin título habilitante; exigir condiciones mínimas de seguridad en casas particulares, comercios y edificios; y otorgarles a los municipios y comunas dos años para adherir a la norma y adecuar progresivamente las instalaciones en la vía pública.
El 18 de febrero de 2016 el Boletín solo publicó el Decreto Reglamentario N° 1022/2015, tras lo cual comenzó a regir la “Reglamentación Técnica para la Ejecución y Verificación de Instalaciones Eléctricas” para que todos estos trabajos sean realizados únicamente por profesionales habilitados.
Esta parte de la ley madre entró en vigencia el 1 de diciembre 2017 y se esperaba que en el transcurso de los dos años siguientes los municipios, comunas y titulares de instalaciones de alumbrado público pudieran adecuar las instalaciones eléctricas de la vía pública a lo que exige la norma.
Pero eso no ocurrió: la Legislatura aprobó el 20 de noviembre de 2019 la prórroga por dos años (Ley N° 10670) para la puesta en vigencia plena de la Ley de Seguridad Eléctrica y, en 2021, el oficialismo procuró un nuevo aplazamiento pero el proyecto no avanzó.
Desde diciembre del año pasado la ley entró en vigencia en su totalidad y ahora sí los municipios y comunas deberán acondicionar el alumbrado público a las exigencias de seguridad que establece la legislación.
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