La hija demandó a la Provincia y a la Nación. Considera que a su padre no le brindaron una asistencia médica adecuada cuando sufrió una falla cardíaca que derivó en su fallecimiento.
POLICIALES - JUDICIALES 26 de enero de 2022
Pérez Darío Eduardo
La hija demandó a la Provincia y a la Nación. Considera que a su padre no le brindaron una asistencia médica adecuada cuando sufrió una falla cardíaca que derivó en su fallecimiento.
La familia de Carlos Daniel “Torito” Gallardo, procesado en 2018 por su presunta vinculación con una causa de drogas en San Francisco y en Santa Fe, demandó por 1,6 millones de pesos a la Provincia y a la Nación por considerar de que en la cárcel no recibió la atención y el control médico necesarios, tras lo cual murió en una clínica de una falla cardíaca, en 2019.
El entonces juez federal de San Francisco, Pablo Montesi, había procesado con prisión preventiva a Florencia Sara Ríos, Héctor Abraham Ludueña, Darío Edgardo Barcena, Noemí Marcela Salinas (estos dos son pareja, con condenas previas), Osvaldo Gabriel Gallardo, Elvio Rubén Peralta, Hugo Gastón Gallardo, Maira Alejandra Figueroa, Pablo Martín Zalazar y “Torito” Gallardo como supuestos coautores de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado (por el número de intervinientes).
En la investigación penal, la defensa argumentó que Carlos Gallardo (sin antecedentes penales) siempre fue ajeno a la pesquisa, ya que nunca fue mencionado y que su nombre surgió en la causa a partir de un allanamiento producido en un domicilio de un familiar. Y advirtió que si bien en esa propiedad se secuestraron drogas, a Gallardo sólo le pertenecían los 2,9 gramos de cocaína que tenía en el bolsillo de su pantalón al momento del operativo.
LA DEMANDA DE LA FAMILIA GALLARDO
En la demanda civil por supuestos daños y perjuicios presentada ante el juez Roque Ramón Rebak (de Villa María, pero subrogante del Juzgado de San Francisco), la familia de “Torito” denunció que en la declaración indagatoria ante el juez Montesi, Gallardo le había comunicado que padecía una grave afección cardíaca y cerebral, por lo que su defensa había solicitado la prisión domiciliaria, que fue denegada.
La hija manifestó que su padre no recibió la atención médica apropiada, y que el Juzgado Federal y el penal N°7, de San Francisco, se desentendieron del cuadro de salud, por lo cual se descompensó en noviembre de 2018.
De acuerdo con la denuncia, no fue asistido y estuvo más de 15 horas desvanecido en su celda. Posteriormente fue trasladado al Hospital Iturraspe, donde los médicos confirmaron que había padecido un accidente cerebrovascular (ACV) muy grave y que, por el tiempo transcurrido sin la debida atención, era necesario trasladarlo a un centro especializado de la ciudad de Córdoba.
Fue derivado a un sanatorio de la Capital, donde murió el 13 de enero de 2019 –como informó por entonces el diario La Voz de San Justo– por un shock cardiogénico irreversible. La hija consideró que el cuadro de salud se habría podido revertir si Gallardo hubiera contado con la domiciliaria o con asistencia médica adecuada en la cárcel.
La demanda apunta contra la supuesta responsabilidad del Gobierno de Córdoba en la descompensación de Gallardo, que derivó luego en el shock cardiogénico ocurrido en la prisión, por presuntamente no haberlo tratado adecuadamente.
En esa línea, consideró que los responsables del penal actuaron de forma negligente en supuestamente no asistirlo.
Por su parte, le endilgó también responsabilidad al Estado nacional, ya que la detención preventiva había sido ordenada por la Justicia federal, ya que el Juzgado de San Francisco, al parecer, tenía conocimiento de los graves problemas de salud y patologías del imputado.
Lo acusó de que cuando se enteró, por el sanatorio, de que el cuadro de salud era irreversible y su muerte inminente, para presuntamente evitar posibles responsabilidades, el 9 de noviembre de 2018 ofició al penal para que le otorgara la “libertad provisoria”.
Sin embargo, debido a su estado de salud (e internado) no pudo gozar del beneficio, por lo que apuntó contra la Nación por la supuesta prestación irregular del servicio carcelario, ya que no le habría prestado la atención médica urgente antes de su traslado al Iturraspe tras varias horas de descompensación, inconsciente y problemas respiratorios graves.
De esta manera, la hija demandó a la Provincia y a la Nación para que, de modo solidario, la indemnicen con 1,6 millones de pesos.
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