GRAVE:DENUNCIAN AL INTENDENTE DE MIRAMAR POR USURPAR TERRENOS Y EXPLOTARLOS EN FORMA COMERCIAL

Realizaron una presentación judicial contra la Municipalidad de Miramar, al intendente Adrián Walker y al secretario de gobierno Julio Escobar por usurpar terrenos de un millonario valor los que son otorgados para la explotación con fines gastronómicos en el espacio conocido como playa Bahía Deseo. 

La presentación realizada en la justicia federal se trata de un recurso de amparo en la que solicitan se ordene a la Municipalidad, al intendente, Adrián Walker, y a su secretario de Gobierno, Julio Escobar, el cese inmediato de las acciones «confiscatorias, turbadoras y obstructivas del derecho de propiedad, arbitrarias y manifiestamente ilícitas». También el «aprovechamiento económico y explotación» que, según argumentan, el Municipio lleva a cabo sobre «inmuebles ajenos» al licitarlos. La causa se tramita en el Juzgado federal N° 2, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes a quien además le piden detenga «el enriquecimiento sin causa con el que se beneficia el Poder Ejecutivo municipal de Miramar sin justo título, ni causa legal alguna»

La presentación fue realizada por la abogada Natalia Foerster en representación de Graciela Josefa Devallis, Liliana Teresa Devallis (67), Aldo Carlos Emilio Devallis (68), Hugo José Devallis (70) y Nélida Josefina Isabel Merlino de Devallis (93), hijos del difunto Carlos Omar Devallis acreditando ser los propietarios por la sucesión tras el fallecimiento del padre, de dos terrenos contiguos que totalizan 990 metros cuadrados de un millonario valor.

La familia Devalis pide que los terrenos se registren en el archivo municipal la propiedad, según la escritura que poseen, y se les entregue el «libre deuda» impositivo local, ya que ante Rentas de Córdoba están exentos. O bien ordenara a la Municipalidad que compre los lotes cuya propiedad «se arroga», pagándoles el precio como «legítimos propietarios» herederos.

Reclamaron que las autoridades municipales se comportan «frente a terceros como dueños con la evidente y confesa finalidad de obstruir la enajenación de los mismos y confiscarlos». Apuntaron contra el Ejecutivo local por presuntamente proporcionar a los interesados por los terrenos «falsa información», y reclamaron que les brindaran los datos porque ellos son dueños reales.

Los sucesos
Carlos Omar Devallis el 26 de marzo de 1965 compro los lotes, lo que quedó cubierto por las aguas con la inundación que comenzó en 1977. Al retirarse el agua solicitaron al municipio el envío de los cedulones para la cancelación de las tasas y contrataron al corredor inmobiliario Oscar Chiaretta. Este les explicó que debido a la imposibilidad de venderlo porque el Municipio «arranca los carteles de anuncio de venta», él mismo presentó una denuncia penal. De acuerdo con su versión, la Municipalidad «se comporta como dueño a sabiendas de que no lo es».

La familia contrato a un abogado que falleció, lo que impidió el reclamo en la Justicia federal. El corredor Chiaretta también murió en 2020, por lo que los hermanos contrataron a la abogada Natalia Foerster, quien explicó a La Voz del Interior que de forma insistente y por e-mail, solicitaron obtener el «libre deuda», sin poder lograrlo. Tampoco pudieron obtener datos de los terrenos en la web de la Municipalidad.

En octubre de 2020, enviaron una carta documento por la «injustificada desatención, abierto maltrato, mendacidad y evasivas». Fue respondida por el secretario de Gobierno, Julio Escobar, quien expresó que los inmuebles, «desde administraciones anteriores hasta la actual, se encuentran afectados al dominio público», ya que constituyen la denominada «playa Bahía Deseo» y un sector de escurrimientos pluviales (costanera), negando una conducta ilegal.

La familia Devalis por intermedio de su abogada denuncian que de acuerdo a lo que surgen de ordenanzas se ofrecen los terrenos «en licitación durante las temporadas de verano», además de señalar que después de muchos intentos sin éxitos, finalmente el intendente atendió el llamado para responder que los terrenos son propiedad del municipio.

Ante este la abogada sostiene que de haber existido expropiación, hubiesen sido previamente indemnizados los propietarios. Y sería muy simple, en tal caso, para el Municipio exhibir la ley que la declara, el comprobante de la notificación a los propietarios y el comprobante de depósito de la indemnización, lo que solicitamos en varias oportunidades y no ocurre».

Omisión pública, daño real, confiscación y absorcion patrimonial
Puntualizaron que son personas mayores que, frente a lo que denuncian, los pone en una posición de vulnerabilidad, «dado que se ven en situación de tener que efectuar un reclamo frente al Poder Ejecutivo, lo que de por sí es asimétrico, y que, en vez de velar por el interés público, avasalla sus derechos».

En duros términos, expresaron que «quizás el aspecto más repugnante al Estado representativo, republicano federal y democrático de derecho que se puede notar es el carácter ejemplificador y disciplinador de estas conductas desplegadas por los políticos electos, dado que (…) si bien los habitantes de la localidad conocen la ilicitud de su accionar, soportan la arbitrariedad por temor a represalias (no otorgamiento de habilitaciones comerciales, aumento de tasas y otros tributos, desprestigio orquestado desde la autoridad, etcétera), pero, por sobre todo, porque perciben que no existen en la localidad canales para pedir justicia imparcial».

En definitiva, alegaron omisión pública por presuntamente no brindar el «libre deuda» y omitir informar la situación jurídica de los lotes, «daño real» («confiscación» y percepción de un canon por las licitaciones, absorción de parte del patrimonio de la familia y disuasión de potenciales compradores) y «daño moral», insistiendo que a lo n o existir indemnización ni notificación, el accionar del Municipio es inconstitucional y confiscatorio, porque representa «un ataque directo a la propiedad y al derecho a la información».

El intendente Adrián Walker solo se limitó a decir que no fue notificado de la presentación judicial, como así también sostuvo no estar al tanto del reclamo de los terrenos, aduciendo que no sabe que terrenos son y que tampoco sabe de « qué Devallis se trata»

En la comunidad señalan que no sería este el único caso vinculados a terrenos, donde además una inmobiliaria también podría ser participe de estas acciones. REGIONALISMO