El nuevo salario de las empleadas de casas particulares

Tras horas de debate la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares, ente que define los aumentos salariales de las trabajadoras domésticas, definió un aumento de 42 por ciento en cuatro cuotas entre junio del 2021 y mayo del 2022; con un agregado de 1 por ciento por antigüedad y 2 por ciento para el personal que presta servicios en "zonas desfavorables" (La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires).

"Por primera vez en la historia desde septiembre se les reconocerá antigüedad", afirman desde el Gobierno. "La antigüedad solo se computa para adelante cuando en 2019 se había acordado un reconocimiento retroactivo desde abril 2013", responde Matías Isequilla, asesor legal de la Asociación de Trabajadoras del Hogar y Afines (ATHA), uno de los sindicatos que participaron en los dos días que duró la mediación. 

Los aumentos que definió la Comisión se darán de la siguiente manera: 13 por ciento en junio, 12 por ciento en septiembre, 5 por ciento en diciembre y 12 por ciento en marzo del año próximo.

Desde ATHA rechazan el incremento justificando que "no alcanza siquiera a cubrir la mitad de la inflación acumulada en 2021 ni la proyectada hasta junio de 2021 cuando vencería el acuerdo salarial vigente". De esa, sostienen que "mantiene un esquema de salarios de hambre en la actividad, muy por debajo de la canasta básica que marca la línea de pobreza". 

La Comisión es un ente tripartito que reúne a representantes del Estado, de los empleadores y de los gremios del sector; y es la que define a situación laboral de alrededor de 1,5 millones de empleadas registradas que, como no están contempladas dentro de la Ley de Contrato de Trabajo, no se realiza vía una negociación paritaria. 

El encuentro comenzó el viernes pasado. El Gobierno, que cuenta con mayoría de los votos (4 de 8), proponía un aumento del 31 por ciento, por debajo del alza del Salario Mínimo Vital y Móvil que los gremios consideran como piso para negociar.