Su objetivo es capacitar en materia ambiental a empleadas y empleados de todos los niveles y jerarquías de la función pública en los tres poderes del Estado.
CÓRDOBA10/05/2021
La Comisión de Ambiente volvió a tratar este jueves la adhesión de la Provincia de Córdoba a la Ley Yolanda, la normativa nacional que establece la capacitación obligatoria en materia ambiental y de desarrollo sostenible para los agentes que se desempeñan en los tres niveles del Estado.
Presidida por la legisladora Nadia Fernández, la reunión contó con la participación de nuevas invitadas que siguieron contribuyendo al debate. Con ellas, según dijo Fernández, suman 17 las y los especialistas de distintos ámbitos que expusieron sus adhesiones, así como los motivos por los cuales consideran que la capacitación de los agentes públicos en la temática ambiental adquiere relevancia.
“El arco de la sociedad de Córdoba ha sido representado”, señaló la presidenta de la comisión.
Cabe recordar los proyectos de adhesión a la Ley Yolanda obrantes en la Unicameral son tres. Según se dijo esta tarde, lo próximo es trabajar en los consensos requeridos hasta la obtención del despacho.
En esta oportunidad fueron de la partida la senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Gladys González; la directora de Sustentabilidad y Cambio Climático de la provincia de Córdoba, Silvana Zaninetti; la directora de la maestría en Política, Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad Austral, Belén Aliciardi y la coordinadora de la Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables de la Universidad Nacional de Villa María, Rosana Rossi.
También participaron Nadia Lavroff, coordinadora general en Eco House Córdoba; Elisa Cortese, de la Agenda Ambiental Córdoba; Julia Giupponi, de Tercero En Acción y Marina Alabí, Responsable de ProÉtica – ICDA – UCC.
La Ley Yolanda rinde homenaje en su denominación a Yolanda Ortiz, doctora en química nacida en la provincia de Tucumán y que fuera la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Argentina.
Su objetivo es capacitar en materia ambiental a empleadas y empleados de todos los niveles y jerarquías de la función pública en los tres poderes del Estado.
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