Es por estar enfermo y no se avisó a la víciima.
POLICIALES - JUDICIALES 30/04/2020
Pérez Darío Eduardo
La jueza de ejecución penal de San Francisco, María Teresa Garay, concedió la posibilidad de la prisión domiciliaria a un hombre condenado por abuso sexual que sólo había cumplido poco más de un año de su pena.
La jueza, tomó la determinación sin haber consultado ni informado a la víctima sobre esa medida, algo que fue criticado por el abogado querellante de la causa Juan Rivero.
“La jueza tomó la decisión sin haber escuchado a la víctima ni tampoco haberla informado sobre esa medida ya que se enteró por comentarios de terceras personas. La mujer está en un estado de shock, porque el delito es muy grave y el hombre que fue condenado en febrero de 2019 a ocho años y tres meses, sólo cumplió un año y dos meses de su pena”, explicó Rivero a Radio Universidad.
El abusador beneficiado es Alfonso Antonio Puntonet, quien había sido condenado a principios del año pasado a ocho años y tres meses de prisión por dos hechos de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravados que había cometido hace 11 años en la localidad de Las Varillas.
La jueza garay, justificó su determinación a partir de una dolencia cardíaca que padece el detenido y que lo obliga a realizar un tratamiento periódico. La magistrada consideró que en medio de un contexto de pandemia por coronavirus se debió dar el beneficio transitorio de cumplir la condena en su domicilio.
“Aunque la medida es de carácter transitorio por la pandemia, no se sabe cuánto durará y tampoco se buscó alguna alternativa antes de permitirle la prisión domiciliaria, de todos modos, el no haber escuchado ni informado a la víctima es un tema grave”, aseguró el abogado Juan Rivero.
Había sido acusado por tres trabajadoras de la obra social por haberles tocado los glúteos en su lugar de trabajo.
El 30 de septiembre se incendió una vivienda en el barrio Alberdi de la ciudad del sur provincial. El fiscal Daniel Miralles imputó de homicidio calificado por el vínculo a Mónica Rigotti, quien atraviesa una prisión domiciliaria.
A lo largo de casi dos años, distintos organismos intervinieron con denuncias, medidas de protección y alertas migratorias, pero la coordinación entre ellos fue limitada. Las advertencias sobre el riesgo que representaba Pablo Laurta nunca lograron transformarse en una protección efectiva para las víctimas.
Sería imputado por homicidio agravado "criminis causa". Posteriormente, se espera que esta misma semana sea trasladado a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio.
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