Pérez Natalia
Mañana comienza en San Francisco uno de los juicios más sensibles de los últimos años en la región.
A casi dos años de la muerte de Aralí Vivas, la niña de 8 años asesinada el 2 de noviembre de 2024 en Brinkmann, tres personas se sentarán en el banquillo para responder por las acusaciones que pesan sobre ellas.
El juicio se desarrollará ante la Cámara Criminal y Correccional de San Francisco, con participación de jurados populares, y está previsto para los días 22, 23 y 29 de septiembre. Los acusados son Matías Ezequiel Simeone, pareja de la madre de Aralí; Cristian Hernán Varela, amigo de Simeone; y Rocío Milagros Rauch, madre de la niña.
La investigación determinó que Aralí murió como consecuencia de un fuerte traumatismo de cráneo. También estableció que, cuando comenzó el incendio en la vivienda, la niña ya había fallecido: no se encontró monóxido de carbono en sus pulmones.
Para la acusación, el incendio fue provocado con la finalidad de simular un accidente y ocultar el crimen. La causa también incorporó elementos relacionados con presuntos abusos sexuales y situaciones de violencia que la niña habría atravesado antes de su muerte.
Y justamente por la naturaleza de esos testimonios, este juicio tendrá una particularidad.
El debate será oral y público, como establece el proceso penal, y contará con la participación de ciudadanos que integrarán el jurado popular. Sin embargo, la prensa no podrá ingresar a la sala durante las audiencias, debido a la especial sensibilidad y delicadeza de los testimonios que se prevé que sean escuchados sobre lo que Aralí habría atravesado.
Esto significa que el juicio será público en términos procesales, pero tendrá restricciones específicas para preservar la intimidad y los derechos de la niña y evitar la exposición de contenidos especialmente sensibles.
El juicio deberá determinar qué ocurrió con Aralí y cuál fue la responsabilidad penal de cada una de las personas acusadas.
Pero el caso dejó además otra discusión abierta: qué había ocurrido antes del 2 de noviembre de 2024.
Aralí y sus hermanos habían atravesado intervenciones del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. La situación familiar había sido conocida por organismos estatales y, entre los puntos cuestionados, aparece la restitución de los niños al hogar materno y el seguimiento realizado posteriormente.
La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de Córdoba quedó bajo la lupa por sus intervenciones previas y se realizaron investigaciones administrativas para analizar el accionar de los equipos que habían intervenido.
Familiares de Aralí que actualmente tienen a sus hermanos bajo su cuidado vienen reclamando respuestas y cuestionando las decisiones adoptadas antes de la muerte de la niña. También fueron señalados como antecedentes relevantes los registros previos vinculados con la situación de violencia y otros indicadores de riesgo existentes en el entorno familiar.
