Pérez Natalia
La publicación de una concejala Cecilia Roffé volvió a poner sobre la mesa el debate por el valor de las fotomultas en San Francisco. El planteo es válido: para muchas familias una multa puede representar medio sueldo o incluso más. Sin embargo, el debate merece un análisis más profundo.
Lo primero que falta conocer es cuál fue la infracción. No todas las multas tienen el mismo valor y las sanciones más elevadas suelen corresponder a conductas que representan un mayor riesgo para la seguridad vial. Sin ese dato, es difícil evaluar si el monto resulta desproporcionado.
También es importante recordar que las cámaras de fotomultas no sancionan por sí solas: registran una infracción cometida por un conductor. Si no existe la conducta infractora, tampoco existe la multa. En ese sentido, el objetivo de las sanciones no debería ser recaudar, sino desalentar comportamientos que pueden terminar en accidentes.
En San Francisco las multas se calculan mediante la Unidad Fija, cuyo valor está vinculado al precio de los combustibles. En un contexto donde la nafta registró fuertes incrementos durante los últimos años, el valor de las sanciones también se disparó. El resultado es que una misma infracción hoy puede representar una deuda enorme para un trabajador.
Hay casos en los que una multa puede equivaler al 50, 70 o hasta el 90% de un salario mensual. Para algunos ciudadanos será un gasto absorbible; para otros puede significar endeudarse, perder la posibilidad de renovar la licencia o incluso no recuperar nunca un vehículo retenido.
El municipio contempla alternativas como el pago en cuotas e incluso, en algunos casos, la posibilidad de compensar parte de la sanción mediante trabajo comunitario. Pero eso no elimina el interrogante de fondo: ¿qué ocurre cuando una multa resulta prácticamente impagable para una parte de la población? En esos casos, el sistema puede generar un efecto no deseado: personas que no pueden renovar su licencia por mantener deudas, que continúan conduciendo igualmente porque necesitan trabajar o trasladarse, o que permanecen en situación irregular porque les resulta imposible ponerse al día. En lugar de corregir la conducta, una sanción económicamente inaccesible puede terminar perpetuando nuevas infracciones derivadas de la imposibilidad de regularizar su situación.
La discusión, entonces, quizás no debería ser si las multas existen o no. Las sanciones son una herramienta necesaria para proteger la vida en el tránsito. La verdadera pregunta es si el mecanismo de actualización y los montos actuales siguen siendo razonables en un contexto económico muy distinto al de años atrás.
