La cadena porcina en alerta por el récord de importación de bondiola brasileña

La Federación Porcina Argentina (FPA) ha lanzado un llamado de atención sobre el aumento significativo de las importaciones de carne de cerdo en septiembre, especialmente de bondiola brasileña, que ha alcanzado niveles similares a la producción local. Esta situación pone en riesgo la rentabilidad del sector, y desde la entidad se demandan reglas claras que permitan el crecimiento sostenible de la cadena porcina.

De acuerdo con la FPA, el ingreso de más de 4.600 toneladas de carne porcina, que equivale a aproximadamente 125 millones de dólares, ha duplicado la oferta de bondiola en el mercado interno. Este fenómeno ha generado distorsiones en los precios, perjudicando a los despostadores y distribuidores. Un 97,8% de esta carne importada provino de Brasil, y la mitad correspondió a bondiola, uno de los cortes más populares entre los consumidores argentinos.

Un informe de JLU Consultora, dirigido por el experto Juan Luis Uccelli, confirma un aumento de las importaciones de un 24,3% en comparación con agosto y un 74,2% respecto al año anterior. Uccelli menciona que el valor de la bondiola ha caído entre un 30% y 40% en este período, afectando también a otros cortes como el pechito y el carré con hueso, cuyos precios no han logrado recuperarse.

Desde la FPA se ha resaltado la existencia de "competencia desleal" debido al uso de ractopamina en la producción brasileña, un promotor de crecimiento prohibido en Argentina y en más de 160 países. Según Adolfo Franke, vicepresidente de la FPA, el 50% de los cortes que llegan desde Brasil se producen con esta sustancia, lo que representa una ventaja desleal para los productores locales que operan bajo un modelo natural y sustentable.

La cadena porcina argentina se encuentra en una encrucijada. Con la implementación del Plan Estratégico Porcino (PEP), el sector busca atraer inversiones superiores a 1.600 millones de dólares hasta 2032, con el fin de duplicar la producción y generar empleo. Actualmente, el sector mueve más de 4.000 millones de dólares anuales y emplea a 72.000 personas. Sin embargo, enfrenta barreras estructurales, como un régimen de IVA que desalienta nuevas inversiones y la falta de financiamiento adecuado.

La FPA solicita al Estado que brinde condiciones justas y previsibles, sin subsidios adicionales, para fomentar inversiones y mantener la competitividad. Los dirigentes del sector reclaman que el Estado actúe como un aliado en lugar de un obstáculo, subrayando que el desarrollo del sector es crucial no solo para la producción porcina, sino también para el fortalecimiento de la economía nacional en su conjunto. La necesidad de diálogo y claridad en las reglas de juego se presenta como una prioridad para no perder oportunidades de crecimiento en el futuro.