La violencia de género y sus consecuencias son un problema estructural en Argentina, como lo demuestran los datos del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA). Entre 2017 y 2024, al menos 1.685 niñas, niños y adolescentes quedaron a cargo de las víctimas de femicidio en el país. Este aspecto trágico de la violencia de género ha llevado a la implementación de políticas de reparación, como la Ley Brisa (n.° 27452), que protege a los hijos e hijas de las víctimas.
Sancionada en 2018, la Ley Brisa establece una reparación económica mensual equivalente a un haber jubilatorio mínimo para hijos e hijas de mujeres víctimas de femicidio u homicidios en contextos de violencia de género. Este beneficio se extiende hasta los 21 años o de por vida para quienes tengan discapacidad. En Córdoba, 14 niños y niñas fueron identificados como beneficiarios en 2024, reflejando un esfuerzo por proporcionar un mínimo de estabilidad económica en sus vidas tras la pérdida trágica de un padre o madre.
El Poder Judicial de Córdoba ha implementado prácticas para asegurar el acceso efectivo a la Ley Brisa. Estas acciones se han centrado en eliminar barreras y garantizar que los derechos de las víctimas se conviertan en beneficios concretos. Para ello, la articulación entre el Ministerio Público Fiscal, la Unidad de la Defensa Pública de Víctimas (UDV) y la Oficina de la Mujer del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha sido fundamental.
Un cambio significativo ha sido la Instrucción General n.º 02/2025, emitida por el Ministerio Público Fiscal, que establece criterios uniformes para la gestión de casos de femicidio seguidos de suicidio. Esto asegura que se archive la causa de manera ágil, se mencione explícitamente la Ley Brisa y se informe a los familiares en un lenguaje comprensible. Además, se ha diseñado un programa de capacitación para el personal del MPF en estas temáticas.
La fiscal adjunta Bettina Croppi ha expresado que el objetivo de estas reformas es cambiar el enfoque histórico del Ministerio Público, que se centraba principalmente en la represión del delito, hacia un modelo de servicio y reparación integral de las víctimas.
La UDV desempeña un papel crucial en la conexión con las familias de las víctimas y en la facilitación del acceso a los derechos que les corresponden. Identificando a los beneficiarios y ayudándoles con la documentación necesaria, la UDV evita que las barreras burocráticas se conviertan en nuevos elementos de revictimización.
Las auxiliares de la Defensa Pública, Paula Rivera y Paula Reale, han señalado que muchas familias desconocen la existencia de la Ley Brisa, y su labor se centra en informar, asesorar y acompañar a estas familias en el proceso.
El trabajo conjunto entre la Oficina de la Mujer del TSJ, el MPF, y la UDV asegura una base de datos sólida que permite identificar a los menores elegibles para la reparación. Este esfuerzo es vital para transformar la legislación en acciones concretas que garanticen el bienestar de los niños y adolescentes afectados.
Con estas iniciativas, Córdoba avanza hacia un modelo que no solo reconoce la tragedia del femicidio, sino que también toma medidas concretas para mitigar sus efectos en las generaciones más jóvenes, asegurando que cada niño y niña tenga acceso a un futuro más esperanzador y con derechos garantizados.
