Arranca el segundo tiempo de Llaryora

 
Arranca el segundo tiempo de Llaryora
  
Por Martín San PedroEl gobierno provincial tomo un paquete de medidas tras las elecciones de octubre que incluyen baja impositiva, cambio de gabinete, eliminación de ministerios y agencias, recorte político  .

El oficio de la conducción política y la gestión pública requiere en sus dirigentes una cualidad sacramental: aptitud y facilidad para la toma de decisiones.

La vocación de decisor es extraña, solitaria y angustiante. Un ejercicio de pérdida constante: cada vez que se decide se pierde una oportunidad. Algunos no pueden siquiera decidir el color de un auto, otros deciden el destino de millones de personas. Es política.

El 26 de octubre pasado, la provincia de Córdoba fue testigo de una singularidad política. El exgobernador, que fue tres veces electo y es uno de los dirigentes con mejor imagen, perdió las elecciones de medio término por más de diez puntos frente a un candidato cuyo nivel de desconocimiento excede el 90%. Ese fue es un hecho político de carácter representativo en la identificación discursiva. El gobierno lo entendió rápidamente y tomó una serie de decisiones que puestas en batea redefinen su perfil conceptual. Empecemos con las decisiones y los argumentos.

Demostrar reacción frente al mensaje que los electores expresaron en las urnas apoyando el gobierno nacional era ineludible y debía ser contundente.

Córdoba es una provincia con superávit desde hace tiempo y, si bien apuesta al desarrollo, no deja de ser una de las provincias que más redujo su estructura durante estos dos primeros años, incluso ajustando por encima del gobierno nacional. A esa cruzada se le cantó retruco, y el gobierno provincial pasó a ser la gestión que más recortes políticos realizó en el país. En tal sentido, redujo a más de la mitad la estructura de agencias provinciales, dejando solo cinco, y eliminó ministerios que fueron absorbidos.

En segundo término, sorprendió con un anuncio histórico de baja de impuestos, lo que le significa un achicamiento recaudatorio sin precedentes. De esa manera, se convirtió en la provincia con menor carga impositiva del país y en la protagonista de la mayor reducción tributaria de argentina. Una jugada osada.

Días antes, el gobernador se mostró junto a los representantes de Mercado Libre, quienes anunciaron su vuelta a Córdoba gracias a un incentivo provincial. Conviene recordar que la relación entre la empresa y la ciudad había terminado en un conflicto público por la carga impositiva municipal. También conviene decir que esa declaración de la empresa, y su decisión de retirarse, fue de carácter político y no financiero. Esa foto fue otro símbolo del cambio de rumbo. A ella se le sumó el anuncio de una inversión de 35 millones de dólares por parte de Aeropuertos Argentina para transformar el aeropuerto provincial en el segundo más importante del país.

Las decisiones de achicamiento del Estado no abandonaron el discurso de desarrollo productivo que sostiene el gobernador, quien desde su intendencia en San Francisco entiende la política como una actividad destinada a generar trabajo. De este modo, la articulación y equilibrio entre libertad, desarrollo y producción adquiere un sentido novedoso: se puede achicar el Estado, bajar impuestos, reducir estructura política, sin renunciar a la generación de empleo, el impulso del desarrollo, la obra pública, creación de universidades y escuelas, sostenimiento de asistencia social y vinculación público-privada. Ese deberá ser la construcción del discurso político del gobernador.

No obstante, no todo es color de rosa en el Panal. El extraordinario déficit que presenta la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia -motivado casi exclusivamente por la renuencia de la Casa Rosada a cumplir con el envío de fondos que por ley corresponden- abrió las puertas a la necesidad de evaluar una suba en los aportes que realizan los empleados públicos, llevándolos del 22% al 26%. Esta posibilidad ya puso en alerta a los representantes de los trabajadores, siendo una medida de riesgo que podría impactar en la gestión de los vínculos con los gremios.