Basta de crueldad: fuerte rechazo en Córdoba al veto contra la Emergencia en Discapacidad

"Somos un montón de gente que le dice no al veto presidencial y le decimos no a la motisierra por nuestros derechos", indicó este martes la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI) durante la gran convocatoria en la plaza San Martín, en Córdoba capital, que repudió el ajuste.  

Las y los trabajadores de la salud, personas con discapacidad, familiares y distintas organizaciones, salieron a las calles a defender sus derechos y exigir al Gobierno la vigencia de la legislación sancionada en el Congreso: "Un veto total no es austeridad: es abandono", indicaron desde la organización cuya protesta, con paro incluido, se activó luego que el Gobierno oficializara este lunes el veto contra la ley de emergencia en discapacidad. 

"No tiene nada que ver la cuestión con el equilibrio fiscal, ni la cuestión de los números, la cuenta de discapacidad en el presupuesto nacional no es la responsable de que haya déficit, hay otros sectores en donde se gasta mucho más dinero", indicó durante la protesta Martín Passini, de la Mesa Discapacidad y Derechos Humanos.

El referente, además puntualizó que gastar en discapacidad "no es un gasto, es una inversión, es construir un futuro, no solo para las personas con discapacidad, sino también para una sociedad más digna, más humana"

La protesta en apoyo al sector, que se activó en distintos puntos del país, en la provincia también se replicó en distintas localidades como Cosquín y Río Cuarto.

"Presidente Milei, ¿Cómo se sobrevive sin trabajo ni ingresos?, ¿Cómo se transita una vida digna sin los apoyos necesarios?, ¿Cómo se responde desde el Estado a quienes dependen de estos dispositivos para vivir? Gobernar implica asumir responsabilidades con todos los sectores y no dejar en el olvido a quienes más lo necesitan", indicó previo a la marcha el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En la misma línea, indicaron que la "Emergencia en Discapacidad" aprobada en el Congreso con amplia mayoría abarca "múltiples realidades" y mejora las pensiones, los salarios y el presupuesto de los centros que brindan un acompañamiento integral. 

"Hoy, esas personas, están en riesgo porque los aranceles no cubren los costos básicos de funcionamiento y muchos prestadores están al borde del cierre", advirtió el Foro.