La discapacidad en emergencia : San Francisco se une al paro este lunes

El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia en discapacidad. La situación es crítica: las pensiones no contributivas están en riesgo, los aranceles de los prestadores están desactualizados y el empleo protegido se encuentra sin respuesta. Además, las instituciones y servicios esenciales para las personas con discapacidad están al borde del colapso. Exigen un Estado presente en defensa de los derechos de las personas con discapacidad.San Francisco este lunes   se une a un paro  por demoras  y falta de actualización de aranceles  que ponen en peligro  a las personas con discapacidad  y  a sus  prestadores: Transportistas, instituciones y profesionales .

El Gobierno Nacional convocó a alrededor de unas 300 mil personas para revisar si poseen todos los elementos para tener una pensión por incapacidad laboral. El gobierno está hablando de incapacidad laboral pero desde hace mucho tiempo se empezaron a dar pensiones por discapacidad, que es distinto, es mucho más amplio. Uno puede tener una discapacidad y poder trabajar igual, en el otro caso está imposibilitado de trabajar.

El gobierno anunció que va a revisar solo la evaluación de incapacidad laboral. Esto genera una situación de preocupación y mucha inseguridad en las personas. En la práctica ya hemos visto que a algunas personas les llegaron notificaciones en direcciones donde ya no viven, con lo cual, si la persona no responde pasado cierto tiempo se da de baja la pensión. Además, le exigen una cantidad de documentación para justificar su situación, lo cual es lógico, pero no se especifica claramente cuál es la documentación ni se toma en cuenta el tiempo que lleva conseguir turnos médicos, que son cuestiones que empiezan a jugar con la fecha de presentación.

 
 
Al día de hoy todavía este proceso se está haciendo, aun no sabemos con números fehaciente cuántas pensiones han dado de baja, sin embargo, en el proceso sabemos de personas que presentaron la documentación y le dijeron que ya estaba de baja. La situación es muy confusa y genera mucha preocupación porque no solamente se le quita a la persona el dinero de la pensión sino que eso implica también dejar de recibir la atención del programa federal de salud que se llama Incluir Salud, donde las personas obtienen medicación, apoyos, sillas de ruedas, audífonos, un hogar, un centro de día o escuela específica, apoyo para la inclusión o rehabilitación.

Sabemos que la intención del gobierno es dar de bajar pensiones, de hecho mencionaron que iba a haber una quita de 270 mil pensiones, con lo cual, se ve clara cuál es la intencionalidad. A su vez, se estima que hay unas 500 mil personas que se han presentado a pedir nuevas pensiones y se están dando en cuentagotas. Ese es otro problema, porque el derecho a la pensión sigue existiendo, pero no lo están cumpliendo.

 
Por otro lado, la situación de los prestadores está en crisis, es decir, los aranceles para las personas que van a una institución o a un profesional en particular a recibir atención, los aranceles que tienen que pagar las obras sociales, el Estado (a través de Incluir y Salud), el PAMI y las prepagas, tuvieron el último aumento en diciembre del 2024 que fue del 0,5%, una cifra muy insuficiente y no hay novedades sobre nuevos aumentos, a pesar de que hemos presentado cartas y enviamos mensajes al director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo pero jamás respondió.

Las instituciones están pasando una situación crítica, algunas cerraron, los transportistas son los más golpeados porque no les alcanza para comprar la nafta que es lo necesario para poder salir a la calle, esto genera que algunas personas en vez de ir a su atención de una manera continua, van cada tanto. Hay instituciones que para pagar sueldos y costos tuvieron que sacar créditos, esto genera mucha dificultad con lo cual, se van dando de baja prestadores y es muy difícil encontrar lugares nuevos.

 
Foto: Gentileza del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad
 
 

Las personas con discapacidad que trabajan en talleres protegidos de producción están cobrando 28 mil pesos por mes desde el año 2023. Este panorama genera mucha preocupación y una situación de mucha dificultad, sumado a la no respuesta de los funcionarios del área.

Frente a esta realidad el proyecto de Emergencia Nacional en Discapacidad, sale al cruce de estos problemas: plantea el aumento del dinero en las pensiones. Frente al criterio que se usa de incapacidad laboral se propone una pensión por discapacidad, para que, aquellas personas que tienen una discapacidad y se encuentran en una situación de pobreza, puedan acceder a una pensión.

Frente al tema arancelario el proyecto de emergencia plantea identificar el atraso en los aranceles desde el 2023 según los resultados que produjo por el INDEC para actualizarlos. Y propone también, un estudio anual de los costos para que la relación de los aranceles esté acorde con la realidad de lo que cuesta dar el servicio. En relación a los trabajadores en talleres protegidos, el proyecto propone que el monto que reciben sea igual al salario mínimo.

 
Por otro lado, el proyecto no plantea que haya un impuesto o emisión para saldar estos problemas, sino que plantea al Ejecutivo que saque el dinero de otras partidas para poder cubrir estas situaciones. De esta manera se busca responder al Gobierno que plantea que no pueda haber más emisión.

El objetivo de medidas como la pensión es cubrir, en cierta manera, las dificultades que implican un mayor costo en la vida diaria de las personas con discapacidad. Frente a un gobierno que plantea que la discapacidad es un problema individual de cada persona y que el Estado no tiene por qué meterse, nosotros creemos que un proyecto como este vuelve a marcar un criterio, donde el Estado tiene que tomar parte en cuestiones donde las personas se ven afectadas por situaciones que las superan.

 
El Estado no puede mirar para otro lado y decir: “es un problema tuyo y arreglate”. Este proyecto vuelve a marcar la idea de que el Estado tiene que tener un compromiso con situaciones que generan graves dificultades en la vida de las personas.