Se trata de una docente que ejercía su profesión en la penitenciaria local, el mismo fue detenido alo9jado en el mismo establecimiento. En vez de trasladarlo a él, la dejaron sin trabajo y sin sueldo a ella.
POLICIALES - JUDICIALES 10/03/2025
Docente que se desempeñaba laboralmente en la cárcel de San Francisco, victima de abuso sexual en la infancia realiza la denuncia de los hechos en el mes de septiembre de 2024. El juzgado de Violencia Familiar ordena una medida de impedimento de contacto entre víctima y victimario.
En diciembre del pasado año, al progenitor, imputado por delito contra la integridad sexual de su propia hija, le dictaron prisión preventiva, alojándolo en el Servicio Penitenciario de la ciudad de San Francisco. A la víctima, en el mes de febrero, próxima a retomar el ciclo lectivo en el referido establecimiento penitenciario, se le notifica que tiene prohibido el ingreso para prestar servicios alegando desde la penitenciaría el impedimento de contacto vigente, y amparándose en el “Protocolo de la Víctima”.
En otras palabras, le comunicaron que quedaba desvinculada y que debía buscarse otro trabajo. Los abogados querellantes solicitaron la inmediata reincorporación de la docente a sus funciones, y en tal sentido, pidieron que se arbitren los medios necesarios para que no se vulnere su derecho a trabajar, en primer término solicitaron se efectúe el traslado del interno a otra penitenciaría, y en caso de no ser posible por cualquier causa, entendiendo de la seguridad en el sistema carcelario y al existir las medidas de seguridad adecuadas, que se tomen recaudos para que no exista contacto entre los mismos en los días y horarios en que la docente debe laborar.
Esta petición fue denegada, lo que vulnera gravemente los derechos de la docente víctima del delito de abuso sexual en su infancia: i) no se considera la posición de extrema vulnerabilidad de la docente, quien está atravesando una situación personal compleja por la causa penal en trámite; ii) no se le respeta su derecho a trabajar (art. 14 bis Constitución Nacional); iii) se la desvincula, invitándola a que consiga otro trabajo, como si esto fuese algo accesible, teniendo en cuenta el inicio del ciclo lectivo (trabajo que implica su principal ingreso mensual); iv) la docente además ve vulnerado su derecho a que se la respete como mujer, en base a los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y de la Constitución Nacional; v) se está revictimizando a la docente, quien además de estar sobrellevando un trauma gravísimo por el abuso sexual sufrido en la infancia, cuyo perpetrador sería su padre, ahora se le agrega la prohibición de continuar trabajando en el Servicio Penitenciario, por el hecho de que allí se encuentra alojado su padre, con prisión preventiva por supuesto autor de los hechos padecidos por la víctima a la que hoy se le impide ejercer su trabajo.
Una vez más el sistema falla, sin aplicación de la necesaria perspectiva de género y siempre desprotegiendo a las víctimas. La decisión del Servicio Penitenciario de San Francisco de desvincular a la victima de su trabajo, bajo el pretexto del "Protocolo de la Víctima", es una clara violación de sus derechos laborales y de su derecho a la igualdad ante la ley.
Lo preocupante es que esta decisión no solo vulnera los derechos de esta mujer, sino que también envía un mensaje peligroso a la sociedad: que las víctimas son las responsables de su propia seguridad, y que la justicia no está dispuesta a protegerlas.
Ab. Virginia Panero
Ab. Nicolás Casas
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