La justicia dejó sin jubilación al ex-fiscal Viaut

El juez federal de Bell Ville, Sergio Pinto, rechazó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado nacional y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), solicitada por el ex fiscal de San Francisco, Luis María Viaut, respecto a su jubilación como magistrado.
De esta forma, cuando ya pasaron casi tres años de su condena por corrupción, el destituido funcionario de la Justicia Federal, no tendrá una jubilación de privilegio como autoridad de la Nación. Sin embargo, hay que señalar que goza de la libertad pese a la pena de cinco años de cárcel recibida.PERFIL CÓRDOBA

Viaut, cabe aclarar, fue encontrado en un juicio responsable de cobrar «coimas» para frenar investigaciones y ejercer su influencia para intervenir en causas de la Justicia ordinaria, junto a un empleado de la dependencia a su cargo (el ordenanza Darío Fabián “Paco” Rivarola) y otras tres personas más, mientras que sufrió un embargo de 6 millones de pesos.

En noviembre de 2022 (siete meses después de la condena) había solicitado al juez que declarara inconstitucionales e inaplicables dos artículos de la ley 27.546 (régimen jubilatorio de magistrados nacionales), modificatoria de la ley 24.018, elevando a 65 años la edad mínima para que los hombres puedan acceder a la jubilación ordinaria.

Reclamó que el único impedimento que tenía adquirir la jubilación era la elevación intempestiva e injustificada de la edad. Recordó que el 5 de diciembre de 2021 había cumplido 60 años (actualmente tiene 63) y contaba con 39 años y cinco meses de aportes, de los cuales 21 años y nueve meses los hizo de forma continua como fiscal.

Viaut planteó la declaración de inconstitucionalidad de la ley 27.546 (que elevó a 65 años la edad mínima para acceder a la jubilación) y sostuvo que remitir el pleito a sede administrativa era un ritualismo inútil y dilatorio, ya que ese control de constitucionalidad no podía ser ejercido por el poder administrador.

Sobre el punto, el juez Pinto recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tenía dicho que no era idónea la vía administrativa para declarar la inconstitucionalidad de una ley o decreto, por lo que obligar al actor (Viaut, en este caso) a acudir a sede administrativa como requisito previo a la interposición de la demanda comporta un excesivo rigor formal incompatible con las reglas del debido proceso y del adecuado servicio de justicia.

El magistrado de Bell Ville también rechazó el planteo de Anses de excepción de falta de legitimación activa porque sí existía una evidente “controversia” que afectaba a Viaut. De esta forma, declaró admisible la acción interpuesta por el exfiscal.

Sin embargo, no hizo lugar a la acción meramente declarativa de inconstitucionalidad pedida por Viaut.

El juez recordó que Viat fue condenado en abril de 2022 y removido por el jury en abril de 2023. Recurrió la decisión ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, pero la Sala II resolvió la caducidad de la instancia (quedó firme la sentencia del jury).

Si bien antes la normativa establecía que para acceder a la jubilación el solicitante debía haber cumplido 60 años, con 30 años de servicios y 20 años de aportes (ley 24.018), en 2020 la ley 27.546 introdujo modificaciones. Así se elevó la edad de 60 a 65 años para los hombres.

A su vez, la resolución 10/2020, de la Secretaría de la Seguridad Social, estableció que “los magistrados (…) tendrán derecho a la jubilación en el régimen especial si reunieran la totalidad de los siguientes requisitos: cesar definitivamente en el ejercicio de su cargo. Dicho cese se produce cuando la renuncia es aceptada por la autoridad”.

En ese punto, el juez recordó que, más allá del requisito de la edad, aportes, fecha de adquisición del derecho por cese en el cargo, para acceder a la jubilación es necesario que “todo magistrado tiene que estar cumpliendo sus funciones, ya que los beneficios no alcanzan a los beneficiarios de la misma que, previo juicio político, o en su caso, previo sumario, fueren removidos por mal desempeño de sus funciones”.