El fiscal de Instrucción, Guillermo González, avanza en la investigación sobre presuntas habilitaciones ilegales de comercios de diferentes rubros en la ciudad de Córdoba, a partir de la obtención de certificados truchos de Bomberos. Presume que numerosos negocios pagaron coimas para poner en funcionamiento sus locales porque, de haber sido controlados se habrían detectados que no están en regla.
Hasta ahora había imputado a la ex cúpula de la Dirección de Bomberos y diferentes inspectores municipales. Ahora avanza sobre los empresarios que habrían pagado coimas.
Resolvió las imputaciones del presidente de la firma Cyre SA, Darío Sebastián Brasca y la vicepresidenta Natalia Vanina Brasca. La empresa es la sociedad que opera los supermercados Cordiez y Mercamax. A ambos les imputó el delito de cohecho. A Sebastián Brasca le sumó encubrimiento agravado con ánimo de lucro reiterado y uso de documento público falso.
La hipótesis de la investigación es que hicieron aportes económicos a gestores intermediarios, incluso a uno de los jefes de la asociación Ilícita, Julio Zárate, para que destinen pagos a funcionarios de Bomberos y de la Municipalidad, con el fin de lograr el visto bueno –sin el control pertinente- para que la cadena de supermercados desarrollara su actividad comercial.
En realidad, la investigación determinó que los locales no se encontraban en condiciones edilicias de seguridad para funcionar, generando un peligro real.
González también imputó al gestor de Cyre SA, Roque Javier Olmedo por uso de documento público falso reiterado, encubrimiento agravado con ánimo de lucro reiterado
Hay más empresarios imputados, pero la Fiscalía no informó sus identidades porque no fueron indagados. También habrían usado certificaciones apócrifas para continuar sus actividades comerciales.
El fiscal también amplió la imputación al resto de los integrantes de la asociación ilícita por los delitos adulteración de documento público, falsedad ideológica y en otros casos uso de documento público falso.
Así como se investigan las habilitaciones ilegales de comercios, el fiscal continúa la investigación sobre los “kioscos” municipales montados para cobrar coimas a personas que tramitaron licencias de conducir apócrifas, dueños de boliches e inspectores municipales, como los detenidos días pasados que cobraron peajes a los manteros que colocaban sus productos a la venta en la zona de la peatonal céntrica.
