Maternidad subrogada: la Justicia imputó a nueve personas por presunta trata de mujeres

Por primera vez en el país, un fiscal solicitó imputar por trata de personas a profesionales que realizan o asesoran legalmente en prácticas de subrogación de vientre. La acusación provisoria involucra a nueve personas, entre las cuales hay médicos, abogados y empleados de dos clínicas especializadas en tratamientos de fertilización y fertilización asistida.

Entre el jueves y viernes de la semana pasada se llevaron a cabo allanamientos con autorización del juez federal N°2, Alejandro Sánchez Freytes, en el marco de las imputaciones que promovieron María Alejandra Mángano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de las personas (Protex) y el fiscal general ante el TOF2 de Córdoba, Carlos Gonellz con la participación del fiscal federal N° 1 Enrique Senestrari, donde está radicado actualmente el expediente. 

La calificación legal por las que se solicitó la acción penal es trata de personas con agravantes por la vulnerabilidad y cantidad de víctimas y por el número de personas intervinientes. También incluyó la figura de falsedad ideológica.

La trata de personas en Argentina se tipifica para explotación laboral o explotación sexual. En este caso, con un concepto amplio, podría aplicarse la primera de esas opciones.

El expediente se maneja con máximo hermetismo pero según pudo confirmar PERFIL CÓRDOBA, hay 14 víctimas identificadas, todas con contextos sociales muy vulnerables.

Un caso alude a una mujer a quien el embarazo le provocó graves problemas de salud. Sin embargo, no tuvo un seguimiento apropiado. La dejaron sola, con cinco hijos y una situación económica penosa. La mujer fue a declarar a tribunales un mes después de dar a luz.

La maniobra que se presume delictiva implicaría la captación de chicas que viven en contextos sociales vulnerables y que eran ofrecidas a parejas que deseaban tener hijos y no podían gestar por diferentes motivos. Esos contratos se habrían realizado a cambio de dinero. El punto en que se consideran ilegales es el trato dispensado a las gestantes.

Las buscaban, las ofrecían, “sacaban el producto –el bebé– y descartaban a las mujeres”, puso como ejemplo uno de los investigadores. Por ese motivo, se plantean sospechas sobre los vínculos de médicos, autoridades de las dos clínicas de nuestra ciudad, abogados, psicólogas y personal de ambas instituciones en el reclutamiento de las víctimas.

Luego de la feria judicial, que se inicia el lunes próximo, se llevarán a cabo las declaraciones indagatorias de los nueve imputados.

Un vacío legal que generó varios atajos. La gestación subrogada es una práctica que se realiza desde hace varios años en nuestro país, pero en un vacío legal. Durante el proceso de reforma del Código Civil, aprobado en 2015, se presentaron proyectos para regularla, aunque ninguno prosperó.

Por ese motivo, en Córdoba intervinieron los jueces de Familia para homologar acuerdos privados entre los padres procreacionales y las mujeres gestantes, antes de encarar el proceso de fertilización o durante el mismo. Otras parejas acudieron a los tribunales de Familia después del nacimiento del bebé, para solicitar su inscripción como hijo de la pareja con vocación de maternar y paternar.

En un informe publicado por este medio a comienzos de mayo pasado, se puso de manifiesto la preocupación y sorpresa que causó en el Fuero de Familia la investigación federal.

En los últimos 12 años, los ocho Juzgados de Familia que funcionan en Córdoba recibieron unos 25 contratos privados para llevar adelante la práctica, es decir a razón de tres trámites por tribunal. Los fallos que los rechazaron fueron muy pocos y excepcionales.

En los juzgados analizan cada pedido, interviene el Catemu (Equipo Auxiliar Técnico Multidisciplinario) y la fiscalía controla la legalidad de los actos. El criterio es corroborar la autonomía de la voluntad de la gestante y que no se encuentre en una relación dispar ni abusiva.

Se incorporó, además, un examen médico para excluir aquellos casos en que el embarazo le implicaría el deterioro de la salud a la mujer que llevaría adelante el embarazo. Cuando se corroboró un riesgo, no se autorizó el acuerdo

En la investigación federal no hay presunción de connivencia de ninguno de los ocho jueces de Familia de la provincia, lo que permite deducir que los casos analizados no tuvieron trámite judicial durante la gestación. Sí hay abogados sospechosos. Es probable que en el expediente no se incluyeran contratos de maternidad subrogada sin autorización previa sino con trámites posteriores, en el momento del nacimiento de los bebés.

En Córdoba, en síntesis, sí interviene la justicia para autorizar u homologar los procesos de maternidad subrogada. Por caso, en la ciudad de Buenos Aires la situación es diferente. Valen acuerdos ante escribanos públicos y la inscripción del bebé como hijo de la pareja vocacional se realiza sin mediación judicial.

La laxitud y flexibilidad que existe en Caba ha dado origen al llamado “turismo reproductivo”, alentado por la conveniencia de contratar profesionales argentinos de clínicas locales, donde honorarios y costos suelen ser menores en relación al de otros países donde la subrogación de vientre está autorizada.

El pago no está prohibido. Otro aspecto controversial es el dinero que hay en el medio de un acuerdo de este tipo. La mayoría admite que la compensación económica debe existir porque significa el aporte de la pareja que decide procrear a la mujer que cede su vientre para el embarazo. El proceso implica consultas y controles médicos, períodos en los que no puede trabajar. Pero, al no existir un protocolo de buenas prácticas y tampoco prohibirse el pago, se abren las posibilidades de un negocio sin reglas que puede provocar la victimización de mujeres.