Gremio de los empleados rurales cierra oficinas en la región y deja sus empleados en la calle , sin indemnización

Los empleados que sostenían cada espacio (gremial  del UATRE , el gremo de los empleados rurales, de la obra social Osprera) fueron despedidos En Freyre, Morteros y Brinkmann , a través de una carta documento enviada desde Buenos Aires.Como agravante, los empleados son considerados por el sindicato de los trabajadores rurales “colaboradores gremiales” y, por lo tanto, no les quieren pagar indemnización, un escándalo sin precedentes.

 Cerraron en Villa Ascasubi, Colazo, General Baldissera, San Francisco del Chañar, Capilla Del Monte, Pueblo Italiano, Sacanta, General Deheza, La Cesira, Morteros, Villa Carlos Paz, Matorrales, El Fortín, Luque, Bell Ville, Chazón, Inriville, Melo, Colonia San Bartolomé, Carrilobo, Calchín, San Marcos Sud, Brinkmann, Arroyo Cabral, General Roca, Freyre, Italó e Hipólito Bouchard.
 
“… se ha dispuesto el cierre definitivo de Boca de Expendio en la que, hasta la fecha, usted cumplía funciones gremiales. Por tal motivo, le notificamos que el Secretariado Nacional ha dispuesto, a través de la Resolución Nº 68/24, dar por cumplido el cometido gremial a usted encomendado, conforme lo estipulado en Resolución SN Nº 160/08. Liquidación final a su disposición”.

Así reza la comunicación que al menos 28 trabajadores y trabajadoras (mayoría mujeres) recibieron en sus domicilios del territorio cordobés. Cada “Boca” tenía una persona a cargo, “mal encuadrados, porque estaban como colaboradores sindicales, cuando en realidad son empleados administrativos”, dijo el abogado Matías Calabrese, quien también se encuentra en conflicto judicial con la dirigencia de la UATRE nacional y se manifestó como “parte afectada” de las decisiones que lleva adelante el Secretariado. El letrado remarcó que esa denominación, “corresponde en realidad a los dirigentes sindicales, pero no a quienes realizan tareas de empleados administrativos” y se quejó porque “de un día para el otro cesantearon a personas que llevaban 20 años en promedio, trabajando para la obra social del gremio, haciendo tramitaciones y tareas extras, en el territorio”.

Para Calabrese, además, “la Carta Documento busca desligar al gremio” en cuanto a la relación de dependencia del empleado, pero advirtió que esas personas “percibían un salario, cumplían horarios, utilizaban una computadora provista por ellos (UATRE/Osprera), recibían capacitaciones a su solicitud, todo igual que un empleado”. En esa línea, explicó que “un artículo del Estatuto de la UATRE permite a los empleados afiliarse y participar, pero en realidad es una condición y obliga, para que el mismo no se afilie a otro gremio como Utedyc (que agrupa a los empleados de las obras sociales y mutuales)”.

 
También el abogado marcó que “hay una clara persecución gremial”, por parte de la dirigencia nacional que lidera José Voytenco (secretario General del Secretariado), quien “fue denunciado un millón de veces por este tema y por fraude electoral”, apuntó Calabrese. “Esto es una purga de dirigentes gremiales opositores”, afirmó, en tanto recordó que “la matriz del conflicto se remonta a octubre de 2020, cuando sucede la muerte de Ramón Ayala (el antecesor a Voytenco)” y comienza una feroz interna por “presuntas irregularidades que le comienzan a marcar desde un grupo opositor”, lo que derivaría en la “persecución y purga”.

 Sin acceso, adónde

Con el cierre de las bocas de expendio de la obra social en las sedes o seccionales, “los afiliados a la Uatre se quedan sin poder buscar una respuesta para su salud, sin acceso a ese servicio, sin un punto de referencia en las pequeñas localidades y en un lugar donde saber cómo se organiza su sindicato, cómo se organiza la bolsa de trabajo, un punto de encuentro, los comunicados…”. “Adónde irán nuestros   afiliados, adónde”, insistió.

 
Info Diario del Centro