HIJOS denunció que amenazaron de muerte a una militante de la organización
EL PAIS 12 de abril de 2024Mediante las redes sociales, la sede rosarina de la agrupación repudió el hecho y reafirmó que estos delitos son inadmisibles y repudiables.
La afectada directa de esta medida es Virginia Aparicio, una especialista con una larga trayectoria en el laboratorio del INTA Balcarce, quien lideraba una investigación
EL PAIS 04 de octubre de 2023 Pérez Darío EduardoEl INTA prohibió la difusión de un estudio crítico sobre plaguicidas en personas y en el ambiente. La afectada directa de esta medida es Virginia Aparicio, una especialista con una larga trayectoria en el laboratorio del INTA Balcarce, quien lideraba una investigación respaldada por la FAO (Organismo de Naciones Unidas para el Agro y la Alimentación).
El informe preliminar indicó que en las muestras biológicas de sangre, orina y materia fecal de 73 participantes argentinos se constató la presencia de hasta 18 plaguicidas.
Aparicio recibió la orden directa de suspender la comunicación pública de los resultados del proyecto internacional denominado "Transición Sostenible de Protección Vegetal" (SPRINT), que se llevaba a cabo en colaboración con investigadores de varios países, incluida la República Argentina.
La dirección nacional del INTA comunicó oficialmente a Aparicio que la suspensión de la comunicación de los resultados se basa en que estos estudios, aunque previamente aprobados por el organismo, “exceden la incumbencia institucional”.
De todas maneras, y pese a la prohibición de su difusión en nuestro país, durante la Cumbre Científica de Naciones Unidas, se presentaron los resultados.
Anabel Pomar, periodista y activista ambiental, quien estuvo presente en la conferencia virtual desde Nueva York, en diálogo con el programa radial Bajo el mismo sol con Fabiana Bringas, expresó: "Fue impactante tener que enterarnos de muchos datos que no se habían podido publicar todavía. Tenemos que esperar una conferencia en Nueva York y lo escuchábamos en inglés, de boca de investigadores internacionales”.
El impacto que señala Anabel va más allá de la cuestión de ubicación o de quién da la información, sino al hecho de que es “información pública, relativa al ambiente y la salud” de cada argentino y argentina y la prohibición de su difusión en nuestro territorio es un hecho contradictorio.
“Nosotros por Constitución Nacional tenemos derecho a acceso a la información, es un Estado democrático que hace honor y que defiende las libertades individuales y colectivas, entonces esa es la gran encerrona, la gran contradicción de esta institución (INTA)” señaló.
El proyecto SPRINT, en el que Argentina participa junto a parte de la Comunidad Europea, aboga por una transición hacia la eliminación de agrotóxicos. Esto cobra relevancia dado que Argentina es uno de los mayores productores de alimentos en el mundo y exporta gran cantidad de granos a Europa.
En Europa, muchos agrotóxicos están prohibidos desde hace más de dos décadas debido a su peligrosidad. Sin embargo, paradójicamente, la mayoría de los principios activos de estos agrotóxicos provienen de Europa y se comercializan fuera de su territorio, incluyendo países empobrecidos como Argentina. Esta situación refleja una doble vara en la regulación y comercialización de agrotóxicos, lo que se conoce como la "hipocresía europea".
El total, 100% de los participantes argentinos, presentó agrotóxicos en su cuerpo, o sea, de todos los investigados, todos tenían agrotóxicos en el cuerpo.
Pomar explicó como grandes empresas como Ingenta no venden estos agrotóxicos prohibidos en Europa, pero sí los exportan a países donde están permitidos, generando así sus principales ganancias a partir de la venta de productos altamente tóxicos a naciones menos desarrolladas.
Este contraste se pone en evidencia en el estudio presentado en la conferencia, que comparó la presencia de agrotóxicos en Europa y Argentina. Aunque en Europa también se encontraron contaminaciones en personas, granos, suelos y aguas, en Argentina la magnitud y diversidad de agrotóxicos presentes fue significativamente mayor.
Mediante las redes sociales, la sede rosarina de la agrupación repudió el hecho y reafirmó que estos delitos son inadmisibles y repudiables.
Así lo indicó la coordinadora de la red Unidos por el Cáncer, María Alejandra Iglesias, quien explicó que desde hace más de cuatro meses la Dirección De Asistencia Directa por Situaciones Especiales se encuentra paralizada.
En la demanda, el gobernador Ignacio Torres reclamó hacer cesar "la retención automática de fondos coparticipables" que "son utilizadas como una herramienta de presión política para bloquear recursos", según el texto al que tuvo acceso Télam.
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