Violencia institucional: finaliza el juicio por Blas y se conocerá el veredicto

A lo largo de los casi siete meses de audiencia que hubo yo no tengo dudas de que estas 13 personas que son juzgadas, son responsables. De una u otra manera estuvieron implicados en lo que pasó esa noche”, dice a este medio Soledad Laciar, mamá de Blas Correas, el joven de 17 años que fue asesinado de un disparo por la Policía de Córdoba el 6 de agosto de 2020, cuando se trasladaba a bordo de un automóvil con cuatro amigos.

Las declaraciones de Laciar fueron previas a la última audiencia del juicio, que iniciará este viernes desde las 9.30 en Tribunales II. Tras la última palabra de los imputados, la Cámara Octava del Crimen dará a conocer al jurado popular los lineamientos para la deliberación, que tendrá por resultado el veredicto del proceso. 

El juicio contra 13 efectivos de la fuerza policial, acusados de matar de un disparo a Blas y encubrir el hecho, inició el 7 de septiembre pasado, se extendió por 36 audiencias y tuvo una cincuentena de testigos, entre ellos la actual jefa de la Policía de Córdoba, altos funcionarios de la institución y el ex ministro de Seguridad Alfonso Mosquera, cuestionado por la querella. 

“Espero que la sentencia para todos los acusados sea de culpables, más allá de los años que les puedan dar a unos u otros, porque sinceramente creo que es una burla que lo máximo por encubrimiento sean seis años. Más allá de eso, es importante demostrar que, al menos, hubo 13 personas involucradas y eso deja a las claras que acá hubo violencia institucional”, agregó la mamá de Blas.

Los pedidos de condena

En los alegatos, los fiscales Marcelo Hidalgo y Fernando López Villagra solicitaron que se condene a todos los policías imputados, pedidos a los que adhirieron las partes querellantes. 

Los efectivos Javier Alarcón y Lucas Gómez (presunto autor del tiro letal) son los principales incriminados comoresponsables de disparar contra el automóvil Fiat Argo en el que se trasladaban Blas y sus amigos tras salir a comer una pizza. Ambos están acusados de homicidio calificado por abuso de su función como miembros de las fuerzas policiales, y agravado por el empleo de armas de fuego. Para ellos la fiscalía pidió prisión perpetua.

En tanto, los policías Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga y Jorge Ariel Galleguillo están acusados de encubrimiento agravado por sus funciones y omisión de los deberes de funcionario público.

A su vez, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez y Leandro Alexis Quevedo están imputados por falso testimonio y encubrimiento agravados por sus funciones y la gravedad del hecho juzgado. Finalmente, Juan Antonio Gatica está acusado de encubrimiento agravado por la calidad funcional.

En ese marco, la fiscalía pidió seis años de prisión para los 11 acusados por encubrimiento –a lo que también adhirieron las querellas- y también solicitó que siga la investigación contra funcionarios de la cúpula policial de ese momento, el ministro de Seguridad Alfonso Mosquera, el comisario Gonzalo Cumplido y Lucas Mezzano, subsecretario de Coordinación y Planificación Técnica. Sobre la actual jefa de la Policía de Córdoba, Liliana Zárate Belletti, que al momento del crimen dirigía el área de Recursos Humanos de la Policía de Córdoba, la querella que encabeza la mamá de Blas pidió que se investigue su accionar, ya que argumentó que tanto Alarcón como Gómez no debían estar trabajando en la calle: uno había desaprobado un examen de tiro, el otro estaba acusado de encubrir un abuso sexual. 

Estos días

“Vivo estos días con mucha ansiedad, tengo mi casa dada vuelta, estoy pintando una pieza, estoy tratando de que pase el tiempo”, dice Soledad Laciar y agrega: “Con respecto a este juicio creo que di todo lo que estaba a mi alcance y ahora, en este final del proceso, no quiero una pena ejemplificadora, quiero que haya justicia, nada más”.

Para la mamá de Blas, que estuvo presente en cada audiencia desde septiembre pasado, sentada junto los amigos de su hijo, el mensaje social es claro: “Esto no puede pasar más, el Gobierno tiene que tomar nota que la sociedad no quiere más esto y ahí se resume todo. Mi lucha es esa, pero no termina el viernes sino que empieza, porque para mí está claro que es eso: nunca más”. 

Sobre el ex ministro de Seguridad, Laciar indicó que fue el propio Mosquera que frente al tribunal y jurado reconoció que el crimen de Blas le recordaba a “las épocas más tenebrosas de los años 70”. “Con eso, yo creo que avaló su responsabilidad y hay que ver si la Justicia toma nota. Por mi parte tengo claro que fue responsable, y como se lo dije a él en el juicio, sé que no disparó ni plantó un arma, pero falló, mintió esa mañana cuando Blas ya estaba muerto, porque ellos hablaban todavía de un arma, diciendo que no sabían si era de los chicos cuando en realidad, a las 1.30 de la madrugada, ellos conocían toda la verdad. Entonces, la verdad es que él es responsable”. 

Para Soledad, más allá de la sentencia va a ser muy importante ver los fundamentos, “si corren vista para seguir investigando”. “Creo que a Mosquera le toca dar explicaciones, socialmente está condenado, pero esto va mucho más allá, porque mi hijo simboliza el estrago que puede hacer el aparato represivo”.

El crimen, ocurrido en pandemia, impactó en la opinión pública desde que se fue conociendo el contexto en que murió el adolescente. Luego, la trama de encubrimiento dejó al descubierto la violencia institucional en la provincia, que provocó la caída de la cúpula policial en ese momento y tiempo después la salida de Alfonso Mosquera del Ministerio de Seguridad, actual legislador provincial por Hacemos Córdoba. 

“Dejo mi dolor de lado, pero trato de transmitir esto: no es que solo me mataron a mí, sino que le sacaron muchos pedacitos a un montón de gente, a sus hermanos, a su padre, a sus amigos, a sus abuelos. Somos muchos los que, tras su muerte, ya no somos los mismos”, cierra Laciar. 

El crimen 

Según la investigación, el fallecimiento del joven de 17 años ocurrió en la madrugada del 6 agosto de 2020, cuando Juan Cruz Camerano Echevarría conducía un Fiat Argo blanco, junto a cuatro amigos y compañeros de colegio. Uno de ellos era Blas, que viajaba en el asiento de atrás. Los otros eran Camila Toci, Cristóbal Bocco Camerano y Mateo Natali, ahora mayores de edad pero que al momento del crimen también tenían 17 años.

Cuando circulaban en la zona de avenida Vélez Sarsfield y Romagosa, del barrio Colinas en el sur capitalino, se había montado un control policial de prevención en donde los efectivos hicieron señas al conductor para que aminore la velocidad, pero al acercarse al puesto de seguridad Camerano Echevarría decidió acelerar la marcha.

El expediente detalla que el cabo primero Lucas Gómez de 37 años, "con intención de matarlos" efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria contra el automóvil, en tanto su compañero el cabo primero Javier Catriel Alarcón, de 33, "en acuerdo tácito (con Gómez) y aportando al plan común de dar muerte a los ocupantes del vehículo", también efectuó dos disparos, "a sabiendas que no había justificación legal para ello".

Las pericias determinaron que una de las cuatro detonaciones del suboficial Gómez impactó sobre la zona de la escápula derecha de Blas, que le ocasionó “lesiones en el lóbulo inferior del pulmón derecho, la vena cava inferior y el ventrículo derecho”, determinándose que la causa eficiente de la muerte fue por “traumatismo de tórax causada por el proyectil”.

Los demás ocupantes no sufrieron heridas; no obstante, uno de los disparos traspasó el apoyacabeza y la capucha de Cristobal Bocco Camerano, “a milímetros de su cráneo”. Posteriormente, y con el objetivo de simular un enfrentamiento con un supuesto grupo armado, los policías 'plantaron' un arma en las cercanías.

Blas Correas falleció cuando el automóvil fue interceptado y demorado en la intersección de Chacabuco y Corrientes. Sus padres denuncian que no tuvo asistencia y lo dejaron morir ahí, en plena madrugada.